REGRESO AL OSCURANTISMO

Ni duda cabe que el que regresó a Los Pinos es el PRI más rancio, el que dejó encargada la silla en 1994 y que ahora vuelve a la carga.

Las reformas legislativas que pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto son, claramente, una continuación de lo que al régimen neoliberal salinista se le quedó en el tintero, y que busca que en este sexenio se le aprueben en calidad de fast track, sin discusiones que puedan crear un ambiente adverso entre la opinión pública.

En ese tenor quieren llevar el proceso de la reforma energética. Dicen que son bienvenidas propuestas alternas como la presentada por Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, pero en los hechos no quieren que se discuta ninguna otra posibilidad más que los cambios constitucionales que plantea la iniciativa de Enrique Peña Nieto, y para lo cual, como si estuviéramos en los 70, han lanzado a la “cargada” para “convencer” a los mexicanos de que sólo su camino es el verdadero.

Lo más probable es que de ése mismo tono sean las presiones cuando presenten su iniciativa de reforma hacendaria con IVA en alimentos y medicinas: gobernadores, legisladores y medios de comunicación clamando que eso es lo que más le conviene al país, que retrasar su aprobación sería la hecatombe de México, y que quienes se oponen a sus ánimos reformadores son “trasnochados” que “viven en el pasado” y se oponen a la “modernización de la nación”.

Es el mismo discurso con el que durante el salinismo se devolvió la banca a los empresarios, que luego la quebraron y tuvieron que ser rescatados. Con dinero público, por supuesto.

¿O cómo tomar expresiones como la del senador priista veracruzano Héctor Yunes Landa, quien para oponerse a que la reforma energética se someta a una consulta pública sostiene que al votar por el PRI en la pasada elección federal, los mexicanos ya la avalaron? ¿Cuándo habló Peña Nieto en campaña de que pretendía abrir el sector de la energía a la inversión privada?

Falacias como ésta son usadas para evitar que se exprese una opinión bien informada sobre los verdaderos alcances e implicaciones de las reformas que ahora impulsa el priismo, pero que bloqueó con todas sus fuerzas cuando estuvo fuera del poder presidencial, incluso con candados estatutarios.

Empero, si querer pasar sin aduanas estas reformas supuestamente “modernizadoras” es cuestionable, lo que resulta inconcebible es que el PRI, junto con sus aliados del PVEM, intenten dar marcha atrás en algunos de los pocos logros obtenidos durante los sexenios panistas, particularmente en el rubro de la transparencia y el derecho al acceso a la información.

En comisiones de la Cámara de Diputados, los legisladores de estos partidos modificaron el proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia aprobado por el Senado, para que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) pierdan su calidad de inatacables y puedan ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, el bodrio de los diputados federales priistas y verdes elimina de la lista de sujetos obligados a rendir cuentas del uso de sus recursos a los partidos políticos y a los sindicatos. De aprobarse definitivamente esta modificación, se estaría sentenciando a muerte al IFAI, pues en la ola de impugnaciones que se desataría contra sus sentencias, se perdería el sentido de oportunidad, máxima publicidad y transparencia de la información pública, además de que sería extender una patente de corso para que las autoridades federales, estatales y municipales oculten sus manejos financieros.

Pero ése es el tipo de país en el que el PRI se mueve a sus anchas, a gusto. El de la opacidad, el manejo discrecional de los recursos y la voracidad. Díaz Ordaz les daría una ovación de pie.

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