PROTESTAS: APENAS ES EL PRINCIPIO

Las protestas en contra de la reforma educativa con que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha puesto en jaque los últimos días a la ciudad de México y a los gobiernos federal y capitalino, son apenas un preludio de lo que puede suceder cuando entren a discusión las otras reformas del peñanietismo, como la energética y la hacendaria.

Pecando de prudencia, se ha permitido que el conflicto magisterial escale. Ni el presidente Enrique Peña Nieto ni el jefe de Gobierno del DF Miguel Ángel Mancera se han decidido a poner en orden a los maestros disidentes. El fantasma de la represión del 1 de diciembre de 2012 todavía los persigue y ninguno quiere que sus gestiones queden marcadas como agresoras de movimientos sociales.

Pero si un solo grupo, que no representa a todos los maestros del país, tiene pasmada a la autoridad, ¿qué sucederá cuando se discuta la participación de la iniciativa privada en la explotación del petróleo y protesten la izquierda y los trabajadores petroleros? ¿O cuando se lleve al Congreso de la Unión la pretensión de gravar con el IVA alimentos y medicinas y las protestas sean de un sinfín de organizaciones en todo el país?

El problema es que el gobierno de Enrique Peña Nieto se lanzó al ruedo sin saber torear. Creyó que estábamos en los 70 o los 80, cuando se imponía en México cualquier política pública sin que nadie osara cuestionarla, y quien se atrevía era aplastado sin que hubiera mayores consecuencias.

Hoy, con todos sus bemoles, la sociedad exige y protesta cuando ve afectados sus intereses, aunque a veces implique la afectación de los derechos de terceros, lo cual tampoco puede ser aceptable en todos los casos ni todo el tiempo.

Para lograr las reformas que pretende –sin juzgar el fondo de las mismas– Peña Nieto necesita primero contar con un verdadero consenso nacional. De lo contrario, corre el riesgo de llevar al país a una parálisis en la que, o no se aprueba nada para evitar enfrentamientos, o se recurre a la violencia para imponer cambios impopulares. Ninguna de estas dos vías es deseable.

Porque no es alentando el linchamiento mediático contra los opositores como el régimen logrará el apoyo a sus propuestas, ni preparando el terreno para arrasarlos con la fuerza pública. El gobierno debe hacer política, recurrir a la negociación para lograr acuerdos. De lo contrario, reinará el caos.

Nadie en su sano juicio –salvo quienes albergan ánimos fascistoides– quiere un gobierno represor al estilo de Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría. Pero no se puede dejar a su suerte al país escondiéndose de los problemas en todo momento. El adagio salinista del “ni los veo ni los oigo” no sirve para gobernar al México del siglo XXI.

¿Quería el PRI regresar al poder, no? Pues ahora debe demostrar que sí puede con el paquete, porque esto apenas empieza.

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