"POLICÍA CIBERNÉTICA": LA FORMALIZACIÓN DEL TROLLEO

Mientras la agenda mediática en Veracruz se entretiene con la guerra por la sucesión en la rectoría de la UV y las inundaciones en la zona norte, en el Congreso del Estado se cocina la creación de lo que podría constituir un instrumento para buscar acallar, por enésima ocasión,  a las voces críticas.

Se trata de la “Policía Cibernética”, que sería constituida como parte de un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado y el Código Penal estatal, que buscan tipificar los delitos cometidos en la Internet.

En varios países ya existen figuras como la de la “Policía Cibernética”, que persiguen redes de prostitución y pornografía infantil, hackers, extorsionadores y otras variantes de expresiones delincuenciales que en la Internet encuentran un campo propicio para cometer este tipo de actos ilícitos.

Empero, parece que la intención de los legisladores veracruzanos no es atacar solamente estos delitos con dicha gendarmería virtual, sino vigilar a quienes expresan opiniones contrarias a las posturas oficiales y, si éstas subieran de tono o representaran un riesgo para el régimen o los grupos de poder, endosarles la comisión de otros tipos delictivos.

De acuerdo con el diputado priista Tomás Montoya, presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura del Estado, la “Policía Cibernética” perseguiría delitos como la difamación en la red.

El legislador abundó que la intención es que este cuerpo de seguridad virtual actuara de forma “preventiva” para evitar “burlas” y “calumnias”, exhortando a quien incurriese en esas conductas a abstenerse de hacerlo, so pena de ser sancionado. Algo así como formalizar el “trolleo”, como se llama en el argot de las redes sociales al hecho de molestar a quienes expresan opiniones contrarias a las nuestras.

Ya hemos dicho antes en este espacio que a la clase política no le gustan las críticas, que con el advenimiento de las redes sociales se volvieron recurrentes y ácidas de parte de una sociedad que encontró en éstas un camino para manifestar su descontento ante un gobernante o un servidor público de diferente nivel. Y por ello es que buscan la manera de controlarlas.

En Veracruz ya se vivió un capítulo ominoso cuando a dos tuiteros se les encarceló acusados de terrorismo por difundir chismes sin confirmar, aunque en el fondo el objetivo era “escarmentar” a una de ellos por sus despiadadas críticas al gobierno estatal anterior y al actual, lo que fue motivo de escarnio internacional para la entidad.

A raíz de este episodio se legisló una reforma al artículo 373 del Código Penal del Estado, conocida como la “Ley Antituiteros”, que establecía  que “a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden”.

Sabedores de que era inconstitucional este ordenamiento, el gobierno veracruzano lo derogó poco antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo invalidara por atentar contra los derechos humanos.

Pero por lo visto no se ha aprendido la lección y vuelven a la carga con la idea de la “Policía Cibernética”, que serviría para hostigar  a los críticos y a los opositores, en lo que pudiese constituir una flagrante agresión a la libertad de expresión.

Sólo cabría preguntarse, de aprobarse la creación de la “Policía Cibernética”, si ésta tendría su centro de operaciones en la Secretaría de Seguridad Pública o en la Coordinación de Comunicación Social estatal, donde ya existe toda una unidad que se dedica a “monitorear” lo que suben  a las redes sociales quienes alguna vez fueron sus compañeros de gremio, y con quienes llegaron a compartir hasta ideales.

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