IMPUNIDAD: EL SELLO DE LA CASA

Cuando se comete una atrocidad como la que le costó la vida a la periodista veracruzana Regina Martínez Pérez, es imposible contener la indignación, el dolor, que brotan junto con lágrimas de impotencia. Pero cuando con el mayor de los cinismos se tuerce la ley para privilegiar la impunidad e impedir la justicia, la frustración es tal que la esperanza se desvanece por completo.

La absolución que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz decretó en favor de Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, quien estaba condenado a 38 años de prisión por su presunta responsabilidad en el asesinato de Regina Martínez, era de esperarse. En el principio mismo de esta tragedia sin fin, el proceso estuvo plagado de inconsistencias e irregularidades.

Desde que la Procuraduría de Justicia de Veracruz anunció con bombo y platillo que había capturado al supuesto homicida de Regina –con titulares estelares en los diarios veracruzanos que no le fueron concedidos al hecho del asesinato como tal–, se denunció que el proceso estaba viciado.

La resolución de los magistrados sólo confirmó lo que ya se sabía. En el toca penal 673-13 en el cual se basó la sentencia absolutoria de “El Silva” se establece que “no se llevó a cabo un debido proceso, en primer término, porque no medió orden de aprehensión para la detención del inculpado y éste fue detenido seis meses después de los hechos. Trasgrediendo así los artículos 14 y 16 constitucionales”.

“La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez”, se señala en el documento judicial, que fue aprobado por dos votos en favor y uno en contra.

Cuán desaseada habrá estado la averiguación previa que integró la Procuraduría veracruzana, que uno de los magistrados que la desechó fue Edel Álvarez Peña, quien es dueño de una cadena de diarios en el sur de Veracruz, tiene fuertes vínculos con la clase gobernante desde hace años y no se caracteriza por ser demasiado crítico con quienes tienen el poder. Simplemente, era un caso insostenible.

Por si no bastase, este resolutivo tiene varios días de haberse votado y remitido al juzgado de tercera instancia del penal de Pacho Viejo, donde está recluido “El Silva”, pero se acaba de dar a conocer, mientras los magistrados ya toman un periodo de asueto que los libre de enfrentar cuestionamientos en lo que el tema baja de intensidad.

El montaje para incriminar a un chivo expiatorio cayó por su propio peso. Pero resulta que ahora volvemos a estar como al principio, como aquel 28 de abril de 2012. Regina está muerta. Y el responsable no está pagando por ello. Porque del otro acusado del homicidio, José Adrián Hernández Domínguez, nada se sabe. Incluso se ha rumorado que lleva mucho tiempo muerto.

¿Con qué cara nos van a decir que la justicia se respeta en el estado? ¿Que en Veracruz “el que la hace la paga”? ¿Ahora sí investigarán como móvil del homicidio de Regina su actividad profesional, en lugar de buscar a como dé lugar encuadrarlo en el robo?

Es improbable. En Veracruz, la impunidad es el sello de la casa. Y en días como hoy, de verdad, dan ganas de tirar la toalla.

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