MATRIMONIOS IGUALITARIOS: COSA JUZGADA
Fotografía: archivo |
Gran
ámpula levantó la marcha “en defensa de la familia” convocada por una supuesta
asociación civil denominada Frente Nacional por la Familia, detrás de la cual
están los grupos de poder más conservadores del país, incluidas las diferentes
iglesias cristianas, con la católica al frente.
Los
defensores de la marcha, que de acuerdo con sus organizadores superó el millón
de personas en las diferentes ciudades del país en las que se llevó a cabo,
invocan su derecho a defender lo que llaman el “matrimonio natural” entre un
hombre y una mujer, y rechazan que se le conceda ese estatus legal a las
uniones entre parejas del mismo sexo.
En
contraparte, los críticos de esta postura señalan que es discriminatoria y que
los marchantes y quienes los azuzaron manejan un discurso de odio que se opone
a la diversidad sexual y a los derechos humanos y civiles de todos los
ciudadanos de este país.
El
origen de estas manifestaciones es la iniciativa del presidente Enrique Peña
Nieto para elevar a rango constitucional las uniones homosexuales, bajo la
figura denominada matrimonios igualitarios, que además reconoce el derecho de
estas parejas a adoptar niños.
Dicha
iniciativa provocó la furia de la ultraderecha mexicana, que emprendió una muy
agresiva campaña en su contra, al grado de que desde los púlpitos y las
publicaciones oficiales de la Iglesia Católica, principalmente, se llamó a
defender un supuesto “diseño original” de la familia, basado en creencias
religiosas y no en la realidad sociocultural de México y del resto del mundo.
En
medio de esa campaña, y para alterar aún más a la población de pensamiento
ultraconservador que considera -los menos radicales- que la diversidad sexual
puede tolerarse más no respetarse, se esparcieron mitos y abiertas mentiras
como que se impartiría “ideología de género” –cualquier cosa que eso
signifique- y adiestramiento –que no educación- sexual a niños de preescolar y
primaria en escuelas públicas. Una barrabasada que se difundía a través de
panfletos, redes sociales y las mismas homilías dominicales en los templos.
La
estrategia dio resultado y la ultraderecha mostró su músculo con las
manifestaciones del pasado sábado 10 de septiembre. Pero evitó decirle algo de
vital importancia a sus seguidores: los matrimonios civiles entre personas
homosexuales son cosa juzgada y no los van a poder evitar.
El
presidente Enrique Peña Nieto envió su iniciativa de matrimonios igualitarios
al Congreso de la Unión no porque tenga un pensamiento progresista, sino porque
se trata de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que
determinó que es inconstitucional negarle ese derecho a los ciudadanos en
función de su condición sexual.
Los
criterios de jurisprudencia 84/2015, 85/2015 y 86/2015, emitidos por la Primera
Sala de la SCJN y publicados el 11 de diciembre de 2015 en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, establecen que en el “matrimonio entre personas del
mismo sexo, las normas civiles que impiden esta posibilidad, provocan una doble
discriminación, al privar a las parejas homosexuales de los beneficios
materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución”; que “las normas
civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre
un solo hombre y una sola mujer, contienen una distinción con base en una
categoría sospechosa”; y que “la definición legal del matrimonio que contenga
la procreación como finalidad de éste, vulnera los principios de igualdad y no
discriminación”.
El
abogado veracruzano Juan José Llanes del Ángel lo explica muy claramente: “cualquier
norma general o acto de autoridad que tienda a menoscabar el derecho de las
personas del mismo sexo a contraer matrimonio o a adoptar, es intrínsecamente
violatorio de la Constitución y de los derechos humanos. El tema ha quedado ya
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Y
añade: “si el Constituyente Permanente o las legislaturas de cada estado hacen
o no las adecuaciones correspondientes a las normas, lo único que harán -en
realidad- será ajustar las leyes a un ‘deber ser’ ya definido por el más alto tribunal
de México. Esto es particularmente relevante: no se trata de que los poderes
legislativos ‘permitan’ o ‘autoricen’ a las personas del mismo sexo a casarse o
a adoptar. Se trata de que no es constitucional que haya leyes que lo prohíban”.
Dura
lex, sed lex.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
Clarísimo, muchas gracias.
ResponderEliminar