DUARTISTAS: CAMINO A LA HOGUERA
Fotografía: Yerania Rolón |
Como
se preveía, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional determinó sancionar con la suspensión de sus
derechos como militante de ese instituto político al gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa.
Esto
debido al proceso judicial que sigue en su contra la Procuraduría General de la
República por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento
de un deber legal, lo que para el tricolor, según la resolución de la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria, “afecta gravemente” su imagen.
La
novedad de esta sentencia fue que, junto con Duarte de Ochoa, fueron
sancionados de igual manera otros seis militantes veracruzanos del PRI,
implicados de diferentes maneras en irregularidades y actos de corrupción.
Destaca
la aplicación del procedimiento sancionador para el otrora inamovible y
poderoso ex secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita,
quien renunció a su cargo hace unos pocos meses luego de ser exhibida parte de
su inmensa fortuna personal, incluidas sus residencias millonarias en el
exclusivo fraccionamiento The Woodlands, en Houston, Texas. Aunque los
esqueletos que guarda en el clóset van muchísimo más lejos de esas
“nimiedades”.
También
fue despojado de sus derechos político-partidistas el ex delegado de la
Secretaría de Economía en el estado y propietario del club de beisbol Rojos del
Águila de Veracruz, José Antonio Mansur Beltrán, otro “distinguido” vecino en
The Woodlands y a quien se señala como uno de los muchos presuntos
prestanombres de Javier Duarte de Ochoa.
Otro
que fue incluido en el “cuadro de horror” del PRI es el ex secretario de
Trabajo, ex subsecretario de Finanzas y ex oficial mayor de la Secretaria de
Educación, Gabriel Deantes Ramos, el manipulador electoral por excelencia del
sexenio duartista y quien “forjó” una fortuna personal fuera de toda proporción
y contacto con la realidad durante los doce años del fide-duartismo.
Estos
tres ex funcionarios son los políticos de más alto nivel, junto con Duarte de
Ochoa, sancionados en esta primera instancia, que precede a la expulsión. Pero
los otros tres castigados también llaman la atención por las implicaciones y
alcances que sus casos pueden adquirir.
Dos
de los sancionados son los notarios públicos Israel Ramos Mange y Daniel
Cordero Gálvez. Ambos, implicados en el escándalo de las empresas “fantasma”
contratadas por el gobierno de Javier Duarte, y de cuya creación dieron fe
pública, lo que les puede costar mucho más que solamente ser expulsados de su
partido. El primero, además, es hijo del ex alcalde de Boca del Río, ex
dirigente estatal del PRI y actual director del Registro Público de la
Propiedad del Estado de Veracruz, Raúl Ramos Vicarte.
El
último de los sancionados con la suspensión de su militancia priista es Juan
Carlos Rodríguez García, ex director jurídico del Ayuntamiento de Tuxpan y de
la Secretaría de Desarrollo Social durante la gestión en ambas instancias del
actual vocero duartista Alberto Silva Ramos, su protector político. También
desempeñó las mismas funciones en la Secretaría de Salud estatal, donde fue
constantemente señalado por acoso laboral e incluso sexual contra empleadas de
esa dependencia. Es hijo del dueño de uno de los periódicos al servicio del
agonizante régimen que recientemente dejó de circular en su versión impresa en
Veracruz y que aún sobrevive online.
Éste
fue apenas el inicio de lo que le espera a Javier Duarte y sus cómplices,
algunos de los cuales ya empezaron a negarlo y a deslindarse de él. La decisión
parece estar definitivamente tomada en Los Pinos. Van camino a la hoguera.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
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