CASTIGADOS POR PERDEDORES, NO POR CORRUPTOS
Fotografía: archivo |
Tras
la suspensión de los derechos como militante del PRI del gobernador Javier
Duarte de Ochoa y otros seis priistas veracruzanos ligados a su grupo, la
reacción generalizada de los ciudadanos fue que se trata de un acto de mera
simulación. De un montaje, un teatro de los que se acostumbran en la política
mexicana.
Razones
para pensar eso sobran. Principalmente, por la enorme dilación con que en ese
partido se dieron cuenta de que sus correligionarios eran unos pájaros de
cuenta y decidieron actuar en su contra, a unas semanas de que de todas formas
entreguen el poder.
El
desaseo administrativo, las irregularidades financieras, la disposición
fraudulenta de los recursos y programas públicos no es, en absoluto algo
novedoso. Se comenzó a documentar prácticamente desde el inicio mismo del
sexenio. Las primeras denuncias de la Auditoría Superior de la Federación en
contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por peculado y malversación de
dinero federal datan, por lo menos, de hace dos años.
Asimismo,
la violencia, los asesinatos, la infiltración del crimen organizado en las
fuerzas de seguridad del estado y los abusos de poder gubernamentales se hicieron
sentir con gran fuerza desde el primer año de la administración que fenecerá
constitucionalmente el próximo 30 de noviembre. Aunque en realidad hace mucho
que está muerta.
¿Por
qué entonces el PRI hasta ahora decide castigar los actos de corrupción que
eran conocidos y expuestos públicamente desde hace varios años? ¿Por qué el
Gobierno de la República decide poner un freno a los abusos de Javier Duarte y
su camarilla cuando de todas formas ya se van?
La
respuesta es muy sencilla. Porque lo que se está castigando no es la
corrupción, ni la falta de probidad, ni la incapacidad para ejercer el cargo
que se supone más orgullo debería provocar en un político nativo de este
estado. Ni siquiera se intenta sancionar la criminalidad expresa de algunos de
los indiciados.
El
sistema está despedazando a Javier Duarte y a los otros gobernadores que
actualmente enfrentan señalamientos y procesos judiciales por ser unos
perdedores. Porque no pudieron retener el poder en sus estados en las pasadas
elecciones y entregaron la plaza a sus adversarios.
Es
verdad que la brutal corrupción de los regímenes salientes provocó un hartazgo
enorme entre los electores, mismo que los llevó a votar en contra del PRI, más
que en favor de la oposición. Y es cierto también que ese mensaje fue entendido
muy claramente en Los Pinos, que se vio obligado a tomar medidas urgentes ante
lo que pareciera ser una premonición de lo que podría pasar dentro de dos años:
la pérdida del poder presidencial.
Así
que para lavarse la cara y aparentar un mea culpa, una falsa escucha del clamor
ciudadano, el sistema decidió sacrificar a algunos de los monstruos que engendró,
pues alguien tiene que pagar.
Si
de verdad el gobierno de Enrique Peña Nieto hubiera estado en desacuerdo con el
proceder de un gobernador como Javier Duarte de Ochoa, lo habrían detenido hace
mucho tiempo, pues conocían perfectamente la situación de penuria económica,
desfalco financiero, podredumbre y desesperanza en la que el fide-duartismo
sumió a Veracruz desde hace varios años. En cambio, presumían al hoy
defenestrado gobernador como ejemplo de la “nueva era” del PRI.
Pero
algo es absolutamente seguro. Si el proceso iniciado contra Javier Duarte no
llega hasta sus últimas consecuencias, si no son procesados penalmente él y su
camarilla por todo el daño que le hicieron a Veracruz, que el PRI se despida.
Ni expulsando a todos sus militantes se mantiene en el poder. Y en una de ésas,
desaparece.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
Esa es la medida de su suerte...
ResponderEliminarEsa es la medida de su suerte...
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