LA (I) RESPONSABILIDAD DEL CONGRESO DE VERACRUZ
Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz |
Aunque
se ha cargado sobre el Ejecutivo estatal todo el peso de las múltiples derrotas
legales del gobierno de Veracruz en la
Suprema Corte de Justicia, lo cierto es que el Poder Legislativo, el Congreso
local, tiene aún mayor responsabilidad por haber actuado como “brazo ejecutor”
de las ocurrencias que terminaron en ridículos rotundos.
El
más reciente de éstos, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes anticorrupción
con las que el todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa buscaba blindarse de
la acción de la justicia, representó, además de lo anterior, un previsible golpe
político propinado por el propio Gobierno de la República que ya provocó que se
alcen voces pidiendo castigar a los diputados de la LXIII Legislatura.
La
magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Concepción Flores
Saviaga, consideró que la próxima administración estatal podría iniciar un
proceso para fincarles responsabilidades a los legisladores que aprobaron éstas
y otras reformas que van hacia el mismo destino, como la basificación masiva de
la burocracia y el pago de deudas con los recursos del impuesto a la nómina, ya
que “no se están protegiendo los intereses sociales”.
Y
no le falta razón. La mayoría de los diputados locales salientes han faltado a
su compromiso y deber de velar por los intereses del estado de Veracruz para,
en su lugar, servir como “paleros” de un régimen marcado por la corrupción y
por torcer las leyes en su particular beneficio.
Uno
de los “logros” de la LXIII Legislatura fue reducir a dos años el próximo
periodo de gobierno estatal, con la intención manifiesta de que fuera un
integrante del actual y derrotado grupo gobernante el que accediera al poder en
las pasadas elecciones, a sabiendas del enorme costo social, político y
financiero que ello acarreará para Veracruz, mismo que no les importó en
absoluto.
También
le aprobaron todas las cuentas públicas a la administración de Javier Duarte,
sin objetarles nada, a pesar de las claras señales de que las finanzas públicas
iban en picada y de que no había la más mínima obra a cargo del estado en todo
el territorio veracruzano. El saqueo tuvo que ser evidenciado por la Auditoría
Superior de la Federación.
Por
otra parte, la Legislatura local también ha incurrido en omisiones que igual le
podrían llevar a los tribunales, como el no haber pedido al Ejecutivo la
promulgación y publicación de la ya aprobada reforma al artículo 33 de la
Constitución del Estado, que establece que el gobernador electo debe presentar
el Plan Veracruzano de Desarrollo cuatro meses después de haber recibido su
constancia de mayoría, para lo cual la administración saliente tendría que
haberle entregado toda la información que solicite, lo cual, evidentemente, no
ha sucedido.
El
triste y servil papel de oficialía de partes del Ejecutivo que jugó la mayoría
de los diputados a la LXIII Legislatura del Estado también mereció el repudio
de los ciudadanos veracruzanos, que en las pasadas elecciones votaron por una
integración plural del Congreso del Estado para el siguiente bienio.
El
juicio social a su actuación es inobjetable, aunque poco les importe. Pero aún podrían
no librarse del juicio político y hasta penal por su enorme irresponsabilidad.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario