LA COMISIÓN AMORDAZADA


La verdadera naturaleza de la falaz Comisión para la “Protección” de los Periodistas de Veracruz está saliendo a flote muy pronto. El comisionado Jorge Morales Vázquez recibió un apercibimiento y amenazas de imposición de sanciones si se atreve a seguir revelando los manejos irregulares de los recursos de ese organismo “autónomo”.
Morales denunció públicamente que los recursos presupuestales de la Comisión fueron distribuidos de manera arbitraria por la secretaria ejecutiva Namiko Matzumoto, quien asignó sueldos de 20 mil pesos para cada uno de los comisionados, bono navideño, y contrató a una treintena de empleados, sin someterlo a consideración de los mismos comisionados.
En cambio, para atender y apoyar a periodistas en situación de riesgo, simplemente no hay dinero. De acuerdo con Morales Vázquez, hay al menos 15 reporteros que requieren una reubicación temporal derivada de las situaciones de violencia tan sólo en Xalapa y el puerto de Veracruz. Pero no hay recursos para apoyarlos.
Desde un principio fue claro que la dichosa comisión no serviría para nada, más que para meter en la nómina oficial a los cuates en busca de “hueso” –como la señora Matzumoto, quien ya había intentado ingresar al IVAI, y en los hechos, se comporta como una empleada más de la Coordinación de Comunicación Social estatal– y a los periodistas y dueños de medios “aliados” del régimen, para lavar la cara de Veracruz por la ola de asesinatos de reporteros suscitada desde 2011 y que adquirió mayor fuerza en 2012.
Personal y profesionalmente, siempre critiqué la creación de un nuevo elefante blanco como éste, y aunque entiendo la posición de Jorge Morales de querer actuar desde dentro, no la comparto del todo, pues su inclusión en la comisión buscó simplemente legitimarla otorgando un espacio a un periodista crítico y honesto, pensando que con 20 mil pesos al mes bastaría para callarle la boca.
Ya se dieron cuenta que no. Así que ahora lo que viene es la intimidación para evitar que Jorge Morales transparente lo que sucede en un organismo en donde lo último que importa es la protección de los periodistas. Ni la de los de fuera, ni la de quienes la integran.
El asunto es que la comisión funciona con dinero público. Así que es nuestro derecho como ciudadanos saber en qué se gasta ese dinero, y es responsabilidad de todos los consejeros, no sólo de Jorge Morales, transparentar su operación.
Si el organismo garante de proteger la integridad de los periodistas del Estado intenta ponerle una mordaza a uno de sus integrantes, pues la verdad, está todo muy jodido en Veracruz.

Twitter: @yeyocontreras

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