DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: LETRA MUERTA
Mientras el presidente
Enrique Peña Nieto se regodea en su portada de la revista estadounidense Time,
donde es mostrado como el “salvador” de México, otra publicación dada a conocer
la semana pasada también en el vecino país del norte no deja nada bien parada a
su administración.
En el Reporte de Prácticas
de Derechos Humanos 2013, elaborado por el Departamento de Estado del gobierno
de Barack Obama, se da cuenta de una gran cantidad de violaciones a las
garantías individuales en México el año pasado, ya todas dentro del sexenio de
Peña Nieto, por lo que la responsabilidad recae completamente en su administración.
De acuerdo con este
documento –sobre el que el Gobierno de México no ha emitido opinión alguna–,
durante 2013 hubo “importantes problemas relacionados con los derechos humanos
(que) incluyen la participación de policías y militares en abusos graves, como
homicidios ilegítimos, malos tratos, torturas y desaparición”.
También establece que en
México “persisten la violencia atribuida a las organizaciones criminales
locales y transnacionales, la violencia contra la mujer y la violencia contra los periodistas que limita la
libertad de expresión”.
El reporte detalla toda una
galería de violaciones a los derechos humanos en territorio nacional, tales
como arrestos arbitrarios y confesiones obtenidas a través torturas, violencia
contra defensores de la comunidad gay, hacinamiento en prisiones, explotación infantil,
abusos a migrantes, tráfico de personas, discriminación social y económica
contra los indígenas y abusos a personas con alguna discapacidad, entre otras.
Asimismo, se menciona que
las fuerzas armadas cometieron violaciones a los derechos humanos sin que hasta
la fecha se les haya impuesto castigo a quienes las perpetraron.
En su apartado de libertad
de expresión y de prensa, el Departamento de Estado de los EEUU sentencia que
“a pesar de las leyes federales que apoyan la libertad de prensa, muchos
periodistas fueron víctimas de amenazas, hostigamiento y violencia que emanan,
en gran parte, de la delincuencia organizada. Los periodistas que cubren el
crimen organizado, incluyendo sus vínculos para corromper a funcionarios
públicos, admitieron practicar la autocensura, reconociendo el peligro que el periodismo
de investigación representa para ellos y sus familias”.
“El Reporte sobre Libertad
de Prensa 2013 de Freedom House llamó al país un lugar peligroso para los periodistas
y lo clasifica como ‹no libre› para la prensa debido a las amenazas y la
violencia que enfrentan los periodistas, y la impunidad para los perpetradores
de los crímenes cometidos contra la prensa”, se enfatiza en el informe.
Veracruz tiene una nada
honrosa mención en este reporte, que señala que según la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, la entidad ocupa el primer lugar nacional en homicidios y
desaparición de periodistas, y el segundo en casos de violencia y ataques
contra los mismos, cometidos entre 2010 y julio de 2013.
Y hace referencia al desaseo
con el que se ha llevado uno de los casos de asesinatos de periodistas en
México, acaso el más emblemático: el de la comunicadora veracruzana,
corresponsal de Proceso, Regina Martínez.
“El 7 de agosto, citando
errores en el debido proceso, la corte suprema de justicia de Veracruz anuló la
condena de José Antonio Hernández, que en abril recibió una pena de 38 años y
dos meses por el asesinato de la prominente periodista Regina Martínez.
Específicamente, la corte señaló que la evidencia concreta implicando a
Hernández en el delito sólo era la confesión bajo coacción que dio después de
que funcionarios policiales presuntamente lo torturaron. Pruebas forenses de la
escena del crimen, incluyendo huellas dactilares y muestras de ADN, también al
parecer no concordaban con los de Hernández.
“Regina Martínez trabajó
para la revista Proceso durante 10 años y había publicado informes antes de su
asesinato que incluían acusaciones de corrupción de los gobiernos locales. En
octubre de 2012 la Fiscalía
del estado de Veracruz anunció que había detenido a José Antonio Hernández,
quien supuestamente había confesado que golpeó a Martínez a muerte en un
intento de robo, y que un segundo sospechoso permanecía prófugo. Al finalizar
el año la policía continuaba con la investigación”, detalla el informe.
El Departamento de Estado
norteamericano elaboró el Reporte de Prácticas de Derechos Humanos 2013 con
base en la información proporcionada por sus embajadas y representaciones
diplomáticas, y abarca a cerca de 200 países. Su objetivo es que los
legisladores estadounidenses usen esta información para determinar la ayuda de
su gobierno a otros, según su situación y disposición para proteger los
derechos humanos.
Como era de esperarse, esta
publicación no recibió la misma cobertura y difusión que la de Time. De hecho,
pasó casi desapercibida en la agenda mediática. Pero es de estas prácticas de
las que el presidente Enrique Peña Nieto debería proponerse, de verdad,
“salvar” a México. Lo demás, es mera frivolidad.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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