CASO GOYO JIMÉNEZ: ¿EN CAMINO A LA IMPUNIDAD?
Mucho
tendrá que explicar el Gobierno del Estado de Veracruz tras la presentación del
informe de la misión de observación del caso Gregorio Jiménez, cuya conclusión
es precisamente la que la autoridad buscó descartar desde el momento mismo que
el reportero fue secuestrado: fue asesinado a causa de su labor periodística.
La
misión que acudió a las ciudades de
Coatzacoalcos y Xalapa los pasados 15, 16 y 17 de febrero estuvo integrada por
16 personas, varias de éstas integrantes de cuatro organizaciones de defensa de
la libertad de expresión –como las periodistas Marcela Turati y Elia Baltazar–,
quienes se entrevistaron con comunicadores, familiares y amigos de Gregorio
Jiménez, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa el 11 de febrero tras seis días de
búsqueda y de protestas a nivel nacional e internacional por su plagio.
Fue
precisamente gracias a dicha presión mundial que el Gobierno de Veracruz
permitió a este grupo de trabajo tener acceso al expediente de Gregorio Jiménez
integrado por la
Procuraduría de Justicia del Estado, a lo que se agregó la
revisión de lo publicado por el reportero los seis meses previos a su
homicidio.
El
informe detalla que el secuestro y asesinato de Goyo Jiménez “no puede
entenderse sin abordar el alarmante contexto de violencia en Veracruz,
particularmente la zona sur de la entidad. La inacción del gobierno en materia
de seguridad y justicia repercute de manera clara y decisiva en el trabajo
cotidiano de los comunicadores. Estos factores explican la lista de periodistas
asesinados, desaparecidos, desplazados y las muchas y constantes agresiones a
la libertad de expresión en el estado”.
La
misión de observación sostiene que en el expediente del crimen “existen pruebas
contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico;
sin embargo, la autoridad ministerial evade reconocer que se trata de un ataque
directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado que
opera en la zona sur de Veracruz”.
Y
se destaca un elemento muy grave, que sin embargo, fue una constante en las
investigaciones de la
Procuraduría estatal mientras estuvo a cargo de Amadeo Flores
Espinosa: “encontramos fallas que podrían incidir a favor de las seis personas
que hasta ahora han sido acusadas. Por ejemplo, faltan órdenes de cateo,
pruebas y dictámenes periciales, además de la verificación de hechos y de información
por parte de los investigadores”.
“En
el expediente no se explica cómo descubrieron quiénes eran los responsables,
cómo los ubicaron y cómo llegaron a la casa de seguridad en la que
supuestamente permaneció Gregorio y a las fosas clandestinas donde encontraron
su cuerpo. Las declaraciones de prácticamente todos los detenidos sólo aportan
la información más básica sobre los hechos, y las autoridades no los
cuestionaron, no profundizaron, no verificaron ni documentaron.
“Las
acusaciones se sostienen, principalmente, con la confesión de José Luis Márquez
Hernández, quien se asume como el autor material y líder de la célula que
secuestró y asesinó a Gregorio. La Procuraduría está obligada a fortalecer estos
indicios, de lo contrario, como ocurrió en el caso de la periodista Regina
Martínez, los detenidos podrían ser liberados.”
Si
el gobierno de Javier Duarte no quiere ser expuesto a un nuevo escarnio mundial
por una posible liberación de los detenidos por el asesinato de Gregorio
Jiménez, más le valdrá al procurador Luis Ángel Bravo Contreras sustentar las
acusaciones con algo más que saliva, como acostumbraba su antecesor.
Y
por lo que respecta a la situación de inseguridad que priva no sólo en el sur,
sino en todo en Veracruz, no se acaba de entender qué es lo que espera el
Gobernador para cesar a Arturo Bermúdez de la Secretaría de Seguridad
Pública. Porque con sus omisiones, a quien defrauda es a todos los
veracruzanos.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
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