LA MANO DURA Y LA REFORMA AL “ESTADO DE DERECHO”
Fotografía: Reuters |
Al regreso de su criticado viaje por China y Australia,
con el país encendido en protestas por la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa y las poco convincentes explicaciones del Procurador, y el escándalo
por la “casa blanca” de su esposa Angélica Rivera, el presidente Enrique Peña
Nieto lanzó la primera advertencia del retorno de las prácticas autoritarias
del Estado para reprimir a la disidencia.
Según el mandatario, existen interesados en
“desestabilizar” a su gobierno y echar por tierra su “proyecto de nación”, y
con base en esa premisa, demasiado fácil y por demás falaz, afirmó que no
dudaría en aplicar la fuerza contra quienes ocasionaran disturbios.
Y lo cumplió, aunque no precisamente contra quienes bajo
una máscara o una capucha esconden su rostro para cometer desmanes durante las
manifestaciones, donde la mayoría de los participantes marchan pacíficamente, específicamente
en la ciudad de México. Cansado de que pidan su renuncia, Peña Nieto la
emprendió violentamente contra la población y, a diferencia de su actuación con
la verdadera delincuencia, mandó a encerrar en cárceles de alta seguridad –una
de éstas en Veracruz, en el municipio de Villa Aldama– a 11 jóvenes que demandaban
justicia.
Es el regreso de la mano dura. Del priismo autoritario,
de vena diazordacista –cuyo retorno exigen y aclaman las juventudes de ese
partido–, que no acepta la crítica ni la oposición a sus decisiones, y no sólo
las reprime, sino que de ser posible, las aplasta.
Desde que asumió la Presidencia, Peña Nieto mostró su
intolerancia a cualquier tipo de discrepancia, tanto de aliados históricos como
de adversarios jurados. Metió a la cárcel a Elba Esther Gordillo por oponerse a
la reforma educativa, e hizo lo mismo con José Manuel Mireles por negarse a deponer
las armas de las autodefensas en Michoacán mientras los narcotraficantes siguen,
hasta la fecha, tan campantes.
Por sus críticas al gobierno, sacaron de la televisión y
luego de la radio a Pedro Ferriz de Con, y mantienen cooptada con sendos
“cañonazos” convenencieros –por aquello de los convenios publicitarios– a buena
parte de la prensa escrita, incluida la proclamada de “izquierda”, como La
Jornada.
Pero la realidad es que el gobierno de Enrique Peña Nieto
ha fracasado en una de sus funciones fundamentales, que es la de brindar
seguridad a la población, lo cual se sufre no sólo en Guerrero, sino en
Tamaulipas, en Sinaloa, en Tabasco, en Veracruz.
Tal es la percepción ciudadana que comienzan a revelar
las encuestas, como la presentada la semana pasada por la empresa Demotecnia,
que fundara María de las Heras; el estudio señala que 82 por ciento de la
población considera que el problema de la inseguridad ha empeorado en el último
año, mientras que 39 por ciento afirma que es el gobierno de Enrique Peña Nieto
el responsable de que la inseguridad haya crecido. Incluso, y por increíble que
parezca, 69 por ciento de los encuestados cree que el nivel de seguridad en
México, en comparación con el que había en el sexenio de Felipe Calderón, ha
empeorado.
Como a pesar de todas sus estrategias las críticas han
arreciado, y la imagen de Peña Nieto en México y el extranjero está en su peor
nivel desde que llegó al poder, ahora el régimen se alista para presentar una
comisión para “reformar el Estado de Derecho” y “enfrentar” la violencia en el
país.
Pero con todos los antecedentes antes descritos, suena
más bien como si quisieran suprimirlo, o al menos, acomodarlo a su
conveniencia.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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