LA DESCOMPOSICIÓN DE UN SISTEMA
La exposición mediática del caso Ayotzinapa y la
repercusión internacional de las protestas y demandas de justicia por la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas, fue lo que propició que no se
parara hasta encontrar y aprehender a quienes son señalados como los autores
intelectuales de ese delito: el alcalde con licencia de Iguala, José Luis
Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda.
Eso mismo fue lo que precipitó la caída del gobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien a pesar de su probada incapacidad para
llevar las riendas del estado, no sólo en el tema de la seguridad, se aferraba
como perro al hueso.
Pero ¿y si nadie
hubiera dicho nada? ¿Si lo que hubiera privado, como en muchísimos otros casos
similares, fuera el silencio, la indiferencia?
No es aventurado pensar que se hubiera repetido el mismo
fenómeno que tiene desgarrada el alma de este país: habría una brutal
impunidad.
Impunidad como la que existe en el caso de los diez
periodistas asesinados en Veracruz en los últimos cuatro años; o como la que
hay para políticos como el ex dirigente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez,
quien terminó siendo exonerado de los cargos por prostitución y trata de
personas, no porque sea inocente, sino porque su red de complicidades –y de clientes–
abarcaba amplias franjas de la clase política de México. En Veracruz muchos lo
podrían confirmar.
Si los estudiantes y los organismos civiles no hubieran
salido a las calles a demandar incluso la renuncia del presidente Enrique Peña
Nieto, tenga usted por seguro que se habría apostado, como en muchos otros
casos que han enlutado a centenares de familias, al olvido.
Pero no hay que equivocarse. Lo que quedó al descubierto
en el último mes es el altísimo grado de descomposición de todo el sistema político
mexicano, que ha sido infiltrado por la delincuencia a nivel tal, que gobiernos
y bandas criminales operan al alimón, sin importar su filiación partidista. Lo
mismo en Guerrero que en Tamaulipas, Morelos, Puebla, Chihuahua o Veracruz.
Para muestra, dos botones del Golfo de México. En el
municipio de Acultzingo, en la sierra de Zongolica, la gente vive aterrorizada
por los “levantones” que cotidianamente se perpetran en su territorio, donde
también se presume que hay fosas clandestinas. Y las autoridades municipales
han preferido salir por piernas y renunciar, a terminar en una tumba sin nombre
a manos de los Zetas.
O no muy lejos de ahí, en el municipio de Atoyac, donde
la población denuncia que desde agosto de 2013 la policía estatal se llevó a 20
personas, de las cuales no se sabe absolutamente nada a día de hoy, tal como lo
publicó el portal de noticias Animal Político.
Y así podríamos recopilar historias de horror por todo el
país. Historias de corrupción, muerte e impunidad que permanecen escondidas en
un baúl de indiferencia, enterradas en otro tipo de fosa clandestina.
Por eso ha sido tan importante la reacción ciudadana en
el caso de los normalistas de Ayotzinapa, al punto de obligar al gobierno a
actuar y ofrecer una respuesta que, de todas maneras, sigue siendo insuficiente,
corta, pueril.
Porque la podredumbre del régimen en su conjunto no desaparece
con la detención de los Abarca, ni con la renuncia de Aguirre. Mucho menos, con
el nuevo “pacto” al que convoca el presidente Peña Nieto para intentar lavarse
la cara y eludir su responsabilidad en el desastre en el que está sumido buena
parte del país.
Mientras no haya verdadera justicia en México, nada de lo
que hagan importará un bledo.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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