EL INFIERNO DE BERMÚDEZ
Criminaliza a priori, que algo queda, parece ser la “estrategia” que para garantizar la “seguridad” del
estado usa el titular del área, Arturo Bermúdez Zurita.
Sus recientes declaraciones en el
sur de Veracruz respecto de la oleada de ejecuciones y violencia que azota a
esa región, y que alcanzó su culmen con las once fosas clandestinas en un
rancho de Tres Valles de las que, oficialmente, se exhumaron 31 cuerpos, lo
pintan de cuerpo entero.
Para el Secretario de Seguridad
Pública del estado de Veracruz, se trata de simples “ajustes de cuentas” entre
bandas delincuenciales. “Ninguno de estos personajes es una persona de labor
social o una persona decente que trabaja de manera cotidiana” (sic), dijo el
funcionario a reporteros de Coatzacoalcos.
Bermúdez basó sus afirmaciones en
que “eso se sabe por el “modos operandi, la forma en que fueron ejecutadas, por
los antecedentes que tenemos, por la información que tenemos de la
Procuraduría”.
Pero que se sepa, la Fiscalía del
Estado no ha confirmado la identidad ni de la mitad de los cadáveres que se
encontraron, y que según el ahora ex subprocurador regional de la zona Veracruz,
Arturo Herrera Cantillo –cesado de su cargo de manera fulminante porque
confirmó a los medios de comunicación el hallazgo de las fosas– se intentaron
ocultar a la opinión pública.
¿Cómo puede decir entonces Arturo
Bermúdez que todos los muertos por violencia, los de las fosas y los que
cotidianamente caen víctimas de la inseguridad en la entidad, eran delincuentes
o personas “indecentes”? ¿Cuáles son los elementos objetivos de prueba para
echar lodo sobre quienes ya no se pueden defender?
Su actitud nos remite a uno de
los episodios más horrendos de la historia moderna de Veracruz y que se creía
ya superado: la masacre de septiembre de 2011 en Boca del Río, con sus 35
cadáveres arrojados en la vía pública. Y el ajusticiamiento sistemático de
reporteros en la misma época.
En ese momento, la respuesta del
gobierno estatal, en voz de quien era el procurador, Reynaldo Escobar Pérez
–hoy asesor legal del grupo de choque de los “400 Pueblos”–, fue acusar de
criminales a todos los muertos. Sin investigar nada. Sin presentar prueba
alguna de sus señalamientos.
Lo único que le importaba al
Gobierno del Estado era –y al parecer, sigue siendo– rehuir su responsabilidad
de brindar seguridad a los habitantes del estado y a quienes por su territorio
transitan. Que los muertos se los carguen a otros.
Aun cuando fue prácticamente
entregado a los militares y marinos, Veracruz no encuentra la paz. Y en buena
parte eso es responsabilidad de Arturo Bermúdez Zurita, quien ha sido incapaz
de hacer frente a la delincuencia y que, para cubrirse las espaldas, le echa la
culpa a otros de lo que no ha logrado él mismo.
Lo más lamentable es que si hay
un funcionario del gabinete del gobernador Javier Duarte que es inamovible, es
precisamente Bermúdez. “Primero me voy yo”, dijo el propio mandatario cuando se
le cuestionó si aquél dejaría el cargo ante la crecida de la violencia en el
estado.
¿Cuál es el compromiso con
Bermúdez? Sólo ellos lo saben. Pero ya sea por una cuestión de gratitud o de cualquier
otra índole, es inaceptable que se le mantenga en el puesto cuando su posición,
por sus magros resultados, es insostenible y quien lo paga, lo pagamos, somos
quienes vivimos en esta tierra, que de verdad alguna vez fue un paraíso.
En cambio ahora, la han
convertido en un infierno que el escritor de la Divina Comedia, Dante
Alighieri, ni en sus peores pesadillas se hubiera imaginado.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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