GARROTE EN MANO
Fotografías: Carlos Ramos Mamahua/ La Jornada |
“Cuando está de por
medio la seguridad del Estado,
no hay constituciones ni
leyes que valgan una chingada”.
Miguel
Nazar Haro, ex director de la DFS
Si algo ha
sido duramente criticado entre los muchos desatinos cometidos por el régimen de
la llamada “cuarta transformación” desde que tomaron las riendas del poder en
México, es el fortalecimiento de los órganos oficiales del uso de la fuerza, lo
cual a lo único que ha apuntado siempre en el pasado es a la represión de
quienes considera los “enemigos” del Estado. No es ésta la excepción.
Contrario
al discurso recurrente que por años enarboló el lopezobradorismo y sobre todo,
contra lo prometido en campaña a millones de ciudadanos que creyeron en su
movimiento, apenas llegó éste al poder lo primero que hizo fue elevar a rango
constitucional la militarización de la seguridad pública con la creación de la
Guardia Nacional. Estrategia que ya probó su fracaso tanto para controlar a la delincuencia
como para devolver la paz perdida al país.
Darle ese
nivel de poder a las fuerzas castrenses –por mucho que aleguen que están bajo
el mando civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana-
implica severos riesgos para los derechos humanos y civiles. Aunque por lo que
hemos visto, no para los de los delincuentes, contra quienes los soldados y
policías tienen prohibido responder a una agresión o un ilícito en flagrancia
–verbigracia, el caso Tlahuelilpan a principios de año-, sino para los de los ciudadanos
de a pie que comienzan a ser objeto de vejaciones.
Por
ejemplo, en la capital del estado de Veracruz cada vez hay más quejas acerca de
los retenes que han instalado las fuerzas de la Guardia Nacional que, sin
motivo alguno, realizan “cacheos” denigrantes contra hombres y mujeres que
circulan ya sea de día o de noche por transitadas avenidas. Incluso, una
profesora universitaria fue despojada de su vehículo, golpeada, robadas sus
pertenencias y dinero y detenida por varias horas con el pretexto de un
supuesto estado de ebriedad. Nadie ha sido llamado a cuentas por esta
arbitrariedad, que fue denunciada por la vía penal y ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.
Si esto
pasa en una entidad como la veracruzana, puede usted imaginar lo que sucederá
en el estado de Tabasco, donde el gobierno del morenista Adán Augusto López
Hernández –con el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador- impulsó
–y logró que se aprobara- una ley que criminaliza la protesta pública, en estos
términos: “al que extorsione o impida total o parcialmente el libre tránsito de
personas para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas se le
impondrá prisión de seis a 13 años de cárcel”.
¿Cuántos
años habría pasado tras las rejas el actual titular del Ejecutivo federal,
quien tomó en cuatro ocasiones instalaciones petroleras en esa entidad, de
haber sido vigente esta ley en aquel tiempo en Tabasco? ¿O por el plantón de
2006 en la avenida Reforma de la Ciudad de México? Pues ahora, los legisladores
oficiosos incluso se plantean la posibilidad de discutir una reforma legal
similar a nivel federal, con un claro objetivo: amedrentar a la oposición, disuadir
la protesta social en contra del gobierno y, en términos simples, instalar un
aparato represivo autoritario antidemocrático.
El
profundo desprecio mostrado por la “4T” por los derechos de terceros con tal de
construir y mantener un poder omnímodo en el país, solo es comparable al que en
su momento mostró el régimen del PRI más rancio, autocrático y totalitario.
Aquel que decía encabezar las luchas de los países del “tercer mundo” mientras
desaparecía opositores. El que creó el delito de “disolución social” para
encarcelar a sus críticos por “desestabilizar” el país. El que asesinaba estudiantes
porque veía conspiradores por todos lados.
Gutiérrez
Barrios estaría orgulloso de la “4T”. El alumno supera con creces al maestro.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
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