TODOS DEBERÍAN IRSE
Fotografía: Facebook de Cuitláhuac García Jiménez |
Dice un popular refrán mexicano que para que
la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. Y fue desde dentro de Morena mismo
que quedó evidenciada la negligencia e irresponsabilidad del régimen de la “4T”
en el estado de Veracruz.
El diputado local de Morena por el distrito
de Medellín, José Magdaleno Rosales Torres, evidenció este jueves que ni el
secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ni el titular de la
Secretaría de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, cuentan con sus
respectivas acreditaciones de evaluación y control de confianza que exige la
ley para funcionarios en cargos relacionados con tareas de seguridad pública en
los tres niveles de gobierno.
“Tengo información de que el día de ayer los
citaron en la Ciudad de México (…) para hacer un examen de confianza”, declaró
Magdaleno Rosales a los reporteros de la fuente, lanzando con ello una bomba.
Y es que hace unas cuantas semanas,
precisamente con el argumento de que no contaba con las mismas evaluaciones, la
Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz decidió –sin
tener además atribuciones para ello- “suspender temporalmente” de su cargo como
fiscal general estatal a Jorge Winckler Ortiz, en vista de “la gravedad,
urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a derechos fundamentales de
los veracruzanos en materia de procuración de justicia, tutela judicial
efectiva y seguridad jurídica”.
El artículo 13 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública establece que “el personal de confianza de las
unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los
Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten
asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo
Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre
designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y
control de confianza”. Los titulares de Seguridad Pública, Fiscalía General y
Gobierno entran en esta clasificación.
La revelación de Rosales Torres implica que
ambos funcionarios, los de más alto rango en la estructura del Gobierno de
Veracruz después del titular del Poder Ejecutivo, ejercieron sus encargos
adoleciendo de la misma insuficiencia jurídica que Winckler durante los casi
diez meses que llevan en sus puestos, por lo que en consecuencia, también
tendrían que haber sido removidos de sus responsabilidades, pues violaron la
ley antes citada.
Cuestionado al respecto por los reporteros
este mismo jueves, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, no le
quedó de otra que admitir que ambos funcionarios se sometieron a las
evaluaciones “el día de ayer” (miércoles 25 de septiembre de 2019), pero según
él, no hay problema en ese retardo pues “tienen un tiempo para que eso suceda
(las evaluaciones). Ellos están en eso. Los van a tener, sin problema”.
Empero, en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2013, en el que se establece el periodo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza, la que se otorga por un periodo de tres años es concedida a los funcionarios de “nuevo ingreso”, por lo que se infiere que al tomar el cargo, tendrían que haberse sometido de inmediato a dichos exámenes. Y como admitió el propio gobernador, no fue así.
Más allá de quedar evidenciada la treta para apoderarse del control de la Fiscalía General del Estado –con un argumento que pudiera considerarse válido, pero que se descalifica por la suciedad del procedimiento-, lo que queda al descubierto es que quienes han tenido a su cargo la prevención del delito, la procuración de justicia y la gobernabilidad en Veracruz han violado la ley durante casi un año.
Todos deberían irse.
Simulación en el Orfis
Finalmente se consumó la ascensión de una incondicional del régimen morenista al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, con lo que cualquier expectativa de que se llame a una rendición de cuentas real al actual gobierno estatal, queda cancelada.
Pero llama poderosamente la atención que la votación para ungir a la morenista Delia González Cobos como auditora general haya sido prácticamente unánime, con el apoyo hasta de los diputados del PAN.
¿De a cómo fue el acuerdo?
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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