INELEGIBLES PARA EL ORFIS
Fotografía: archivo |
Este jueves 12 de septiembre concluye el
periodo de entrevistas que los diputados locales realizan a los 54 aspirantes a
ocupar el cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz (Orfis) que pasaron a la segunda fase del proceso largamente
dilatado por la Comisión de Vigilancia, que encabeza el morenista Eric
Domínguez.
Y sigue privando la sospecha sobre la manera
como se está conduciendo ese proceso. No solo por haberle permitido inscribirse
al actual titular, Lorenzo Portilla, a pesar de muy claramente violar la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado, que prohíbe
expresamente la reelección, por más que digan que fue designado bajo otra
normatividad. Precisamente por eso es que no puede desempeñar el cargo
nuevamente, ya que el actual proceso se rige por una ley totalmente diferente a
la de 2012.
Además, la convocatoria expedida por el
propio Congreso local el pasado 19 de agosto también señala entre los
requisitos por cumplir “no
haber sido, durante el año previo al de su nombramiento, titular de dependencia
o entidad del Poder Ejecutivo del Estado, Senador, Diputado Federal o Local,
Magistrado, Presidente Municipal o Gobernador del Estado”. Portilla es en este
momento, como se sabe, titular de un organismo del Estado, lo que además lo
vuelve juez y parte y le da una inequitativa ventaja sobre los demás
aspirantes.
Ni
hablar de su calidad moral y reputación, cuando como auditor general dejó pasar
todos los brutales desvíos de recursos cometidos durante el sexenio de Javier
Duarte, además de que ha mentido abiertamente al negar su militancia partidista
en el PRI y al armar un teatro en la Fiscalía General de la República para simular
públicamente que presentaba denuncias por presuntas irregularidades del
gobierno yunista, cuando no tiene facultades legales para hacerlo
personalmente.
Sin
embargo, Portilla no es el único de los aspirantes que no cumple a cabalidad los
requisitos legales para llegar al Orfis. Una de las postulantes, a la que se
especula que se impulsa desde el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y sería
su “carta escondida”, tampoco cubre el perfil requerido.
Se
trata de Delia González Cobos, que en la actualidad también es titular de una
dependencia del Ejecutivo del Estado: trabaja como procuradora fiscal de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
Asimismo,
la convocatoria referida establece claramente como uno de los requisitos para
participar en el proceso de selección “contar al momento
de su designación con una experiencia de, al menos, cinco años en materia de
control, auditoría financiera y de responsabilidades”.
El currículum de González Cobos publicado en
la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación no deja lugar a la duda: su
experiencia más cercana a las tareas de fiscalización fue en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fungió como asesora en materia
fiscal de la Comisión de Gobierno; en la Procuraduría Fiscal de la Federación como
directora de Legislación; y como subadministradora de Asuntos Especiales en la
Administración Local Jurídica del Oriente del SAT. Ninguno vinculado directa y
específicamente con la fiscalización.
Sus demás cargos han sido en la “grilla”
partidista, mismos que son los que en verdad estarían siendo considerados para
impulsarla a un puesto que requiere un perfil que supere por mucho el de las asesorías
legales menores, pues ni siquiera es contadora pública, sino licenciada en
Derecho.
Pero con eso que para la llamada “cuarta
transformación” solo hace falta un uno por ciento de preparación y “99 por
ciento de honestidad” para ser servidor público –en este gobierno, por
supuesto-, amén que lo que digan las leyes para la designación de funcionarios
las pisotean con singular alegría, pues que no nos extrañe nada.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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