UN NUEVO FRACASO SERÍA LETAL
Fotografías: Gobierno del Estado de Veracruz |
En medio de una severa crisis de seguridad en
Veracruz que derivó también en una crisis de credibilidad y confianza en el
gobierno estatal, la administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez decidió
jugarse su resto contra un enemigo que, hasta ahora, ha sabido mover sus cartas
con mucha mayor astucia.
Este martes, a nombre del
Gobierno del Estado de Veracruz, los secretarios de
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y de Seguridad Pública, Hugo
Gutiérrez Maldonado, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a
interponer una denuncia por un presunto fraude en la instalación del Sistema
Estatal de Videovigilancia durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con lo informado oficialmente,
entre las irregularidades detectadas se encuentra el hecho de que de las seis
mil 324 cámaras instaladas en seis regiones de la entidad veracruzana en el
pasado bienio, 72 por ciento, o sea cuatro mil 354 dispositivos, simplemente no
funcionan, no sirven. Mientras que el resto, mil 695, operarían con
deficiencias, según lo dado a conocer por el gobierno estatal morenista.
En la instalación de estas videocámaras el
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se gastó mil 100 millones de pesos, de
los cuales, afirman los denunciantes, 300 millones corresponderían a recursos
federales, por lo cual sería procedente presentar la querella ante la FGR,
habida cuenta que en Veracruz la Fiscalía local jamás procedería en contra del
ex gobernador Yunes Linares, a quien está subordinada.
No es poca cosa el frente que está dispuesto
a abrir el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en medio de la tormenta por la
que de por sí atraviesa. El grupo yunista-panista ya le hizo morder el polvo una
vez al evitar la destitución del fiscal Jorge Winckler Ortiz, gracias también –hay
que decirlo- a la pésima operación del asunto tanto por parte del Congreso del
Estado como desde la Secretaría de Gobierno, donde dieron muestras de una gigantesca
torpeza política y jurídica.
Y esto lleva a cuestionar qué tan bien
fundamentada estará la denuncia presentada ante la FGR. Ha trascendido que por
lo menos en una ocasión, la contralora general del estado, Leslie Garibo Puga,
habría presentado su renuncia al cargo -que no le habría sido aceptada por el
gobernador García Jiménez- debido a la intensa presión ejercida contra ella por
Eric Cisneros.
Según esto, el Secretario de Gobierno le
habría exigido a la Contralora encontrar a como dé lugar –con todo lo que ello
implica- irregularidades en la administración de Yunes Linares que permitan
enderezar procesos penales en su contra, mismas que la funcionaria no habría
podido integrar. No necesariamente porque no existan, pues algunas fueron
demasiado evidentes, sino porque los que se fueron no dejaron rastro de sus
maniobras.
Aunado a lo anterior, no hay que olvidar que
la empresa contratada por la administración yunista para la instalación de las
videocámaras y a la que también tendría que fincársele responsabilidad,
Comtelsat –que en el año 2014 ya fue inhabilitada durante tres meses por parte
de la Secretaría de la Función Pública para prestar servicios a la
administración federal- es propiedad del empresario Manuel Arroyo Rodríguez,
quien a su vez es dueño del periódico El Financiero. ¿Se atreverá el gobierno
de Cuitláhuac García a ir a un pleito abierto con ese medio de comunicación?
Lo más grave es que este anuncio más parecería
una estrategia de contención luego del alud de críticas que el pasado lunes
recibió el Gobierno de Veracruz en las redes sociales –donde fue trending topic
nacional-, al consolidarse la entidad como la número uno del país en asesinatos
de mujeres, con 74 en lo que va de 2019.
Ojalá que en el gobierno estatal tengan claro
que una salida en falso en un asunto como éste, así como un nuevo fracaso
judicial, serían letales. Aunque en palacio de gobierno parecen estar más
ocupados por ir a bailar salsa a Boca del Río.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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