NUEVO CHARRISMO E INDEFENSIÓN LABORAL
Fotografía: Twitter de Napoleón Gómez Urrutia |
Sin lugar a dudas, uno de los temas más
controversiales que ha girado en torno del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador es el que tiene que ver con la seguridad laboral, así como el
reempoderamiento de algunos líderes sindicales que representan las peores
prácticas de ese sistema.
El sexenio lopezobradorista comenzó con lo
que en los hechos fue una persecución de los burócratas federales. Tan solo
durante el mes de enero, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro
Social, fueron dados de baja 10 mil 585 puestos de trabajo de funcionarios de
la administración pública federal. Un aumento de 175 por ciento respecto de los
despidos en el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta tendencia se replicó en gobiernos
estatales como el de Veracruz. Y al igual que en las dependencias del gobierno
federal, el trato que se le dio a los trabajadores, algunos con más de 20 años
laborando en sus dependencias, fue el de apestados, “cómplices” de la
corrupción que no se “merecían” siquiera la liquidación a la que por ley tienen
derecho, y a quienes obligaban a firmar “renuncias voluntarias” incurriendo las
nuevas administraciones en violaciones flagrantes a la normativa laboral.
Todo ello, en aras de generar ahorros para
destinar recursos a los programas clientelares oficiales en los que basa su
“política social” el régimen de la llamada “cuarta transformación”, que en
lugar de generar riqueza y con ello empleos, ha optado por el reparto de
dádivas como parte de su estrategia “popular”.
La más reciente estocada a los trabajadores
federales vendría a través de una circular -firmada por la oficial mayor de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, y cuyo contenido
fue difundido este martes 30 de abril- en la cual se establece que “por
instrucciones del Señor Presidente de la República, toda aquella persona
contratada a partir del primero de diciembre de 2018, en alguna plaza
permanente, eventual o por honorarios, deberá ser separada de su cargo”.
Esta disposición aplicaría para los trabajadores
de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como sus
delegaciones y oficinas de representación. Hasta el momento de escribir estas
líneas, dicha información no había sido desmentida por el gobierno.
Asimismo, la reforma laboral aprobada por el
Congreso de la Unión esta misma semana establece, entre otras cosas, que los
trabajadores del estado elijan a sus dirigentes gremiales mediante voto libre,
directo y secreto, y que además tengan la libertad de formar sus propios
sindicatos a partir de 20 afiliados, lo cual, a pesar de que suena bien en el
papel, tendrá un efecto atomizador de las centrales de burócratas,
dividiéndolas, restándoles fuerza y propiciando el surgimiento de asociaciones
controladas por el propio Estado para neutralizar cualquier movimiento de
disidencia.
Pero si la situación laboral de los empleados
gubernamentales es de indefensión, la de los integrantes de las centrales
sindicales obreras y magisteriales no es mejor. El encumbramiento y
reivindicación como nuevas “estrellas de la cuarta transformación” de caciques
sindicales asociados a prácticas de corrupción como el líder minero y senador
por Morena Napoleón Gómez Urrutia y, particularmente, la lideresa magisterial
Elba Esther Gordillo, habla por sí mismo.
El nuevo charrismo está en boga en la 4T.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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