PUBLICIDAD OFICIAL: CERRAR EL POZO SIN FONDO
Imágenes: Centinela y Notiver |
No
es exagerado calificar como histórica la resolución de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este 15 de noviembre ordenó
al Congreso de la Unión expedir una ley en la que se regule el gasto en
publicidad oficial de gobierno.
Dicha
sentencia busca darle cumplimiento a la reforma
constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, que estableció que antes del
30 de abril de ese mismo año el Congreso de la Unión debía expedir la
legislación en materia de publicidad oficial, lo cual evidentemente fue
incumplido por los legisladores, pues casi cuatro años después de esa reforma,
el país continua sin regulación alguna para el gasto gubernamental en los
medios de comunicación.
Por el contrario, la discrecionalidad y la
arbitrariedad en la asignación de pautas publicitarias es la marca distintiva
de las tareas de comunicación social, con especial énfasis en las entidades
federativas, donde el gasto en medios es tradicionalmente un instrumento de
coacción para comprar plumas, líneas editoriales y voluntades periodísticas.
El
caso de Veracruz en materia de dispendio en recursos destinados a medios de
comunicación es emblemático. Durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y
de Javier Duarte de Ochoa, el derroche en la prensa “aliada” se tradujo en
alabanzas sin límite ni pudor para los gobernantes en turno, ocultamiento de la
realidad, censura y ataques para los adversarios políticos y los críticos. Todo,
patrocinado con dinero público.
Mientras
que se desconoce por completo a cuánto ascendió el gasto gubernamental en
medios de comunicación durante el sexenio de Herrera Beltrán –éste clasificó
esa información como reservada desde entonces-, lo que se sabe de los convenios
del duartismo nos puede ayudar a darnos una idea de la magnitud del despilfarro.
La administración de Javier Duarte gastó más de ocho mil millones de pesos en
publicidad oficial, según las estimaciones a partir de los datos disponibles. Aunque
tampoco hay certeza plena, pues el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se ha
negado sistemática e injustificadamente a transparentar esos datos.
La sentencia de la Corte determinó que la
omisión del Congreso para expedir la ley que debió legislar desde hace casi
cuatro años “viola la libertad de expresión, de prensa y de información”, y
establece un criterio más que relevante a partir del cual se debe normar la
relación prensa-gobierno: “este derecho requiere de medios de comunicación
libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual,
es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes. La ausencia de
regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del
presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la
libertad de expresión”.
Y así como Fidel Herrera y Javier Duarte
dilapidaron el dinero para que en la prensa escrita y electrónica se les
ensalzara, en el otro extremo, Miguel Ángel Yunes Linares cortó cualquier tipo
de relación comercial con los medios de comunicación locales –o más bien, con
algunos- con la intención de tomar revancha de aquellos que en el pasado se
prestaron para atacarlo por consigna o que ahora lo critican con razón, sin
importarle su obligación de informar sobre sus actos de gobierno de manera
equitativa y plural. A fin de cuentas, es la misma discrecionalidad y
arbitrariedad, sólo que en sentido inverso.
La Corte ordenó al Congreso de la Unión
legislar en la materia antes del 30 de abril de 2018. Será deseable que además
de establecer criterios claros para la asignación de la publicidad oficial, que
tomen en cuenta el tiraje, la penetración y la influencia regional de los
medios, también se incluyan aspectos como el condicionamiento de la compra de
espacio a aquellas empresas mediáticas que incumplan con las obligaciones
laborales mínimas para con sus empleados –una de las grandes asignaturas
pendientes en la profesionalización de la actividad periodística-, así como
para las que no respeten los derechos de las audiencias y se dediquen a
publicar basura, como la que circuló a mares en Veracruz durante el
fide-duartismo, y que ya brota también de los textoservidores de la era del
yunismo.
Porque para aspirar a ser verdaderamente un
país democrático, es imperativo cerrar el pozo sin fondo de la relación
prensa-gobierno. Es una razón de Estado.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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