CRIMINALIZAR LA PROTESTA
Los
actos vandálicos del pasado 1 de diciembre siguieron un guión perfectamente
estructurado, planeado y dirigido. A como diera lugar, había que mostrar como
violentos delincuentes a los inconformes con la asunción al poder de Enrique
Peña Nieto, para de esa forma justificar su represión.
Es
una novela que ya hemos visto antes. Está incluso en los libros de Historia de
México. El uso de grupos de choque al servicio de “quién sabe quién” para
infiltrar manifestaciones y reventar movimientos es harto conocida, desde las
protestas de ferrocarrileros en el sexenio de Adolfo López Mateos, las de
doctores y estudiantes en el diazordacismo, y por supuesto, el “halconazo” de
tiempos de Luis Echeverría. Baste recordar que se reconoció la existencia del
Batallón Olimpia y de los Halcones sólo al paso de los años, cuando los delitos
habían prescrito o los responsables habían muerto.
En
todos esos casos, la disidencia fue tachada de violenta e intolerante en los
medios de comunicación, gracias a que esos grupos de choque “les hacían las chamba” para presentarlos así y que la
sociedad justificara que se les reprimiera con lujo de brutalidad.
Con
las debidas y muy marcadas diferencias, lo sucedido el sábado pasado fue la
repetición de una película muy vista, pero que el público sigue viendo como si
fuera nueva. La actuación de los provocadores, de los grupos de choque, fue
visible, está documentada, es hasta obvia.
Nadie
puede creerse que un estudiante del #YoSoy132 o cualquier activista con dos
neuronas funcionando supusiera que destruir comercios, monumentos y bancos le
ayudaría en algo o que recibiría apoyo popular. Ni el más radical alumno de
Filosofía y Letras de la UNAM se aventaría la jalada de grafitear “San Marx” en
una pared mientras marchaba, por lo ridículo que suena.
Pero
los autores intelectuales de los disturbios lograron su objetivo. Prensa, radio
y televisión “masacraron”, mediáticamente hablando, a los participantes en las
protestas, quienes además fueron metidos en el mismo saco que los verdaderos
delincuentes y repelidos a macanazo limpio, balas de goma y gas lacrimógeno a
discreción.
Varios
de los detenidos el 1 de diciembre, que sólo ejercían su libertad de expresión y su derecho a disentir, se
enfrentan ahora a la posibilidad de ser condenados hasta a 30 años de prisión
por el simple hecho de estar ahí, cuando los atacantes capturados por la
policía han reconocido expresamente que recibieron dinero por hacer desmanes.
La ley se debe aplicar con justicia y castigar a quien sí haya delinquido. Nada
más, pero nada menos.
Criminalizar
la protesta para justificar la represión es una táctica de gobiernos rancios,
podridos y autoritarios. Si Enrique Peña Nieto quiere de verdad construir una
administración y una nación moderna, ésa que delinea en su Pacto por México,
debe enmendar el camino y escuchar a todas las voces. La estrategia salinista
del “ni los veo, ni los oigo (pero los madreo)” no puede ser el eje de la
gobernabilidad en el México actual.
Twitter: @yeyocontreras
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