TODO EL PODER A LOS MILITARES
Fotografía: Reforma |
A un año de la creación y puesta en operación
de la Guardia Nacional, a través de un decreto el régimen reconoció de facto su
fracaso y se pasó, sin ambages ni simulaciones, a la militarización directa y
absoluta de la seguridad pública en México.
Este lunes fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza
Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Dicho decreto, firmado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, establece que el ejército y la marina realicen
tareas policiacas complementarias a las de la Guardia Nacional en tanto que
dicho organismo “desarrolla su estructura, capacidades e implantación
territorial”.
La Guardia Nacional fue creada a partir de
una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue
publicada en el DOF el 26 de marzo de 2019, mientras que su Ley Reglamentaria
fue puesta en vigor el 27 de mayo de ese mismo año.
Durante ese primer año en funciones, la
Guardia Nacional –cuya fundación fue justificada porque era “indispensable
formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública,
prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento
del estado de derecho y reinserción de infractores”- para lo único que
verdaderamente sirvió fue para perseguir migrantes en la frontera sur de México.
En
cambio, protagonizó uno de los episodios más lamentables de la historia
reciente del país, cuando fue obligada a liberar a Ovidio Guzmán, hijo del
narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante el fallido operativo del 17
de octubre de 2019, el día que el crimen organizado humilló al Estado mexicano.
En
ese mismo periodo de un año, la violencia en el país ha crecido de manera
incontrolable: en el primer bimestre de 2020 se registraron cinco mil 751
homicidios en territorio nacional, mientras que marzo cerró con tres mil 78
asesinatos dolosos y el 20 de abril se vivió la jornada más sangrienta de lo
que va del sexenio, con 114 muertos en un solo día.
De
seguir al mismo ritmo, el número de muertes a causa de la violencia superará
por mucho las de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa –quien sacó a las
calles a las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia, desatando un
pandemónium- y de Enrique Peña Nieto, que no se apartó un milímetro de esa
estrategia, cuyo fiasco, antes y ahora, es monumental.
Así
que un año después de su puesta en operación, el presidente echó mano del
Transitorio Quinto del acuerdo de creación de la Guardia Nacional para disponer
de la Fuerza Armada permanente –soldados y marinos- en tareas de seguridad
pública “durante el tiempo en que dicha institución
policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial,
sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la
entrada en vigor del Decreto” del 26 de marzo de 2019. Lo que significa la
militarización absoluta del país por lo que resta del sexenio, ya que esta disposición
“concluirá
su vigencia el 27 de marzo de 2024”.
No
solo se trata de un camino antes andado y que demostró ir directo al abismo.
Regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles fue por años una de las
principales cantaletas proselitistas de quien hoy ejerce la titularidad del
Poder Ejecutivo federal, así como una demanda de todos los sectores llamados
“progresistas” que lo apoyaron, de asociaciones civiles de derechos humanos
locales e internacionales e incluso de la propia Organización de las Naciones
Unidas.
Pero
el actual gobierno de progresista no tiene nada. Solamente es autoritario. Y en
congruencia, ha decidido darle todo el poder a los militares.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
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