CENTROS DE ATENCIÓN A MUJERES: MUERTE POR ASFIXIA
Fotografía: Cuartoscuro |
Sumada a las crisis de salud y económica
provocadas por la pandemia de la covid-19, existe en México una delicada situación
de emergencia en materia de derechos humanos de mujeres y niñas, que han visto
incrementar la violencia en su contra desde que inició el confinamiento social.
Mientras los esfuerzos de las autoridades se
han concentrado –y con razón- en la emergencia sanitaria –que al corte de este
lunes 4 de mayo ha cobrado la vida de dos mil 271 personas en nuestro país,
según datos oficiales-, otros problemas que aquejan a la población, como el de
la violencia en todas sus modalidades y en contra de mujeres y niñas en
particular, parecieran haber sido relegados en la agenda de prioridades
gubernamentales.
En el mes de marzo, al inicio de la fase de
emergencia en México, los asesinatos de mujeres se habían incrementado seis por
ciento, mientras que las denuncias por delitos sexuales aumentaron 10.44 por
ciento en el territorio nacional. En 26 estados de la República se registran
delitos contra la integridad sexual de las mujeres.
A principios de abril, la propia secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió que las denuncias por violencia
doméstica realizadas en refugios para mujeres habían crecido un 60 por ciento,
mientras que las llamadas al número de emergencia 911 por esta misma razón aumentaron
25 por ciento, lo cual la funcionaria asoció con el confinamiento.
Pues a pesar de todos estos datos, para el
gobierno de la autodenominada “cuarta transformación” el tema de la violencia
contra las mujeres siguió sin importar -como ya había quedado claro con su
desdén hacia las protestas feministas de principios de marzo-, al grado que ha
decidido asfixiar financieramente a los centros de atención y apoyo a mujeres
en alguna situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, la Red Nacional de Casas de la
Mujer Indígena denunció recientemente que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público retuvo los recursos que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
entregaría a 30 de estos centros –por montos de entre 700 mil y un millón de
pesos- en todo el país a través de una convocatoria pública. Hasta el momento, ni
un centavo ha sido ministrado a estos organismos, tomando como pretexto la
contingencia y las medidas de “austeridad” implantadas por el régimen
lopezobradorista.
Es la misma situación que priva en el estado
de Veracruz, donde se registra una de las tasas de violencia contra las mujeres
más alta del país, con 3.8 asesinatos por cada cien mil habitantes.
Aquí también, pretextando una supuesta
“austeridad” –que no se ve reflejada en los onerosos gastos del gobierno veracruzano
y sus funcionarios de primer nivel en vehículos blindados de lujo, por ejemplo-
se ha dejado al garete a asociaciones civiles que han cumplido con una
importante función en el tema de la atención, acompañamiento legal y
psicológico y protección de mujeres en situación de violencia.
Es el caso de la asociación civil “Cihuatlatolli”,
cuya sede se encuentra en la ciudad de Orizaba y lleva más de 20 años
desempeñando un importante trabajo en materia de promoción y defensa de los
derechos humanos de las mujeres no únicamente de esa región, las más de las
veces a través de la autogestión de recursos.
En una carta abierta, “Cihuatlatolli” -que
hace 15 años fundó lo que durante mucho tiempo funcionó como el único refugio
para mujeres víctimas de violencia en el estado- dio a conocer que el gobierno
de “izquierda” de Cuitláhuac García Jiménez decidió excluirlos del Programa de
Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF), que es “el
único recurso que se utiliza en Veracruz para la atención y acompañamiento a
las mujeres veracruzanas víctimas de violencia”.
“El Gobierno del Estado, a través del
Instituto Veracruzano de las Mujeres, tomó la decisión no solo de hacer a un
lado nuestra asociación, sino también no llevar a cabo ninguna acción ya sea a
través de unidades móviles, centro de atención externa o unidad itinerante que
atienda la situación de violencia hacia las mujeres de nuestra región. En pocas
palabras, las deja a su suerte o en manos de los institutos que aquí tratamos
de hacer su radiografía y resulta desolador.
“Cuando ya sea imposible su sostenimiento,
con todo el dolor que eso nos cause, nos veremos obligadas y obligados a cerrar
y buscar cómo continuar promoviendo los derechos de las mujeres en las
condiciones más adversas. Si eso nos preocupa, nos preocupa aún más la
situación en la que se queda la región y sus mujeres que, desde nuestra
perspectiva, con esa decisión del Estado, se quedan más solas que nunca y con
un repunte grave de la violencia hacia ellas”, expuso “Cihuatlatolli” en su carta abierta.
Y agregó: “padecimos las administraciones
priistas que corruptas y todo, mantuvieron el programa y si bien no destinaban
recursos económicos para la atención de la violencia de género, tampoco
impedían que a través de recursos federales del programa PAIMEF se contemplara
apoyar a asociaciones civiles que su trabajo a favor de las mujeres era, además
de serio, comprometido y profesional y además honesto; padecimos al mini
gobierno de Yunes Linares que además de ser también corrupto era represor, pero
que tampoco –aunque lo amagó- dejo de apoyar a las asociaciones civiles a
través de PAIMEF”.
“Por último, llegó un gobierno que para
muchas y muchos ciudadanos resultaba -y no estamos tan seguras y seguros que
así lo siga siendo- una esperanza y mayor apoyo a la lucha en contra de la
violencia hacia las mujeres, pues se suponía que venía de la lucha social”, se
sentencia en la misiva.
Y mientras la crisis de derechos humanos de
las mujeres se agrava y la contingencia sanitaria se desborda, para la “4t” lo
importante es derrochar el dinero en sus “elefantes blancos” y proteger los
negocios de sus cómplices, como los Bartlett o los Salinas Pliego.
Ellos, a lo que vinieron.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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