UN DESGASTE INNECESARIO

Desde la aparición del video en el que se le observa planeando la operación electoral de los programas sociales federales, la suerte de Salvador Manzur Díaz estaba echada.

Manzur ya era insostenible como funcionario público estatal luego de la difusión del video. Y más todavía, después de que la secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles, anunció de inmediato el cese fulminante de todos los funcionarios de la dependencia implicados en el escándalo, incluido el delegado en Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández, quien ni siquiera apareció en grabación alguna, pero era el superior jerárquico de los involucrados.

Sin embargo, se decidió mantener a Salvador Manzur como secretario de Finanzas contra viento y marea. Se pensó que con mandarlo a comparecer al Congreso local, donde la mayoría priista lo arroparía y sacaría casi en hombros, bastaría para que el tema se diluyera con el paso de los días.

Pero no. Este fin de semana, 17 días después de que estallara la bomba de las videograbaciones, el gobernador Javier Duarte salió a anunciar la separación de Manzur del cargo “con el propósito de evitar cualquier suspicacia en torno del comportamiento político el Gobierno de Veracruz”.

La razón por la que se intentó a mantener a Manzur a como diera lugar fue, principalmente, no entregar a los Yunes –responsables del espionaje que dio lugar a las grabaciones– la cabeza de uno de los principales representantes del grupo y proyecto político que actualmente gobierna el estado. Incluso, Manzur era visto hasta antes del escándalo como un fuerte aspirante a buscar la gubernatura en 2016.

Pero la aspiración de un grupo político por mantenerse en el poder en una entidad de la República no fue más fuerte ni más importante que el Pacto por México, que es el diseño institucional en el que el Gobierno Federal basa su estrategia para que le sean aprobadas en el Congreso de la Unión las reformas estructurales que propone, y que estuvo en vilo ante los amagos del PAN y el PRD de retirarse del mismo si no había sanciones para los responsables de preparar la presunta red electoral que se menciona en las grabaciones.

El costo de estos 17 días ha sido altísimo. El desgaste mediático, pero sobre todo el desgaste político, hacia dentro y hacia fuera, fueron enormes. Es evidente que hubo una orden desde el más alto nivel para que se actuara en Veracruz y se separara del cargo a Manzur Díaz, que era el único de quienes aparecen en el video de marras que aún tenía un cargo público estatal.

La decisión fue correcta, pero tardía. No había necesidad de exponerse a tanto.

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