INACEPTABLE INVOLUCIÓN AUTORITARIA
Fotografía: Arturo Ángel/ Animal Político |
Por
lo menos en los términos en los que está planteada en el borrador que se filtró
la semana pasada, la propuesta de reforma penal que pretende llevar a cabo el
gobierno de la autodenominada “cuarta transformación” representa un retroceso
brutal en todos los órdenes, empezando por el de los derechos humanos.
En
varios de los puntos que se dieron a conocer de la propuesta -y que incluyen,
entre otros, la generalización de la figura del arraigo para la investigación
de cualquier delito, la intervención de comunicaciones privadas para
averiguaciones sobre temas electorales y fiscales, y hasta la validez de la
obtención de pruebas a través de la violación de derechos humanos-, lo que se
percibe es un endurecimiento autoritario en la aplicación de la ley por parte
del régimen, que en los hechos significaría una regresión muy grave para el
país.
Uno
de los temas controversiales es la creación de un Código Nacional Penal, ya que
varios analistas consideran que con ello se vulneraría la soberanía de las
entidades federativas, al conculcárseles su potestad para legislar sobre sus
propias leyes y quedar sometidas en cambio a las decisiones centrales, vía la
mayoría en el Congreso de la Unión.
Asimismo,
se pretende crear la figura de un nuevo tribunal cuya función sea juzgar a los
integrantes del Poder Judicial de la Federación, responsabilidad que
actualmente recae en el Consejo de la Judicatura. Pero la diferencia aquí es
que los integrantes de dicho órgano serían nombrados por el Senado de la
República, excluyendo a jueces, magistrados y ministros, lo cual claramente
representa una transgresión de la división de poderes que implicaría además la
intromisión abierta de la politiquería partidista en la impartición de
justicia.
A
ese indudable talante autoritario y regresivo de las propuestas que se dieron a
conocer la semana pasada hay que agregar la intención de revivir delitos que
atentan contra la libertad de expresión y de prensa.
La
organización civil Artículo 19 denunció que en la propuesta de Código Nacional
Penal se incluyen delitos como la injuria, la calumnia, la difamación y, en
particular, uno que apunta directamente a la actividad y la crítica
periodística: la “ofensa a las instituciones”.
“Constituye un ataque al orden o a la paz
pública: toda manifestación o exposición dolosa hecha públicamente que tenga
por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones
fundamentales del país; a las personas físicas o morales; a la Nación Mexicana;
o a las Entidades Políticas”, dice literalmente uno de los artículos propuestos
para dicho Código. Además de que se sustituye el principio de presunción de
inocencia por el de “presunción de responsabilidad”.
El tufo totalitario de estos planteamientos
recuerda al de aquel delito de “disolución social” con el que en su época de
mayor poder el viejo régimen priista controlaba y reprimía la crítica, el
antagonismo político y la inconformidad social, y pondría en serio riesgo –aún
más- al ejercicio periodístico libre que tanto detestan los más “ínclitos”
líderes de la “4T”.
Las críticas a este bodrio que implicaría
reformas a la Constitución General de la República y a leyes como la de Amparo
–se busca impedir que esta figura sea aplicable a proyectos de gobierno-
provocaron que su presentación se pospusiera hasta inicios de febrero. Habrá
que ver con qué saldrán entonces.
Sin embargo, cada vez es más evidente a qué
se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma que para
fines de 2020 estarán asentadas las “bases de la cuarta transformación”: las de
la intolerancia, el control absoluto y el uso de la ley como arma política. Una
involución inaceptable.
¿Pero qué tal los memes de la rifa del avión?
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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