UNA CLASE POLÍTICA INMUNDA
Fotografía: José Ramón Ladra |
La noticia del pasado fin de semana a nivel
mundial fue sin duda la caída de Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno
español, luego de que el Parlamento aprobó un mecanismo constitucional
denominado “moción de censura”, que da pie a lo que en los hechos es una
revocación de mandato.
El sólo hecho de la caída de Rajoy marca un
precedente histórico. Pero es mucho más relevante cuando se analizan las
causas, que para plantearlo de manera sintética, tienen que ver con un caso de
corrupción en el que están involucrados integrantes del Partido Popular, empresarios
e incluso el propio ex presidente de Gobierno español.
La lucha contra la corrupción se ha vuelto
una bandera en varios países en los que los abusos cometidos desde las esferas
de poder son perseguidos y castigados. En el continente americano, el caso de
la empresa brasileña Odebrecht se ha vuelto emblemático. Tanto de la manera
como la corrupción puede extenderse por varios países y tocar a un sinnúmero de
gobiernos, políticos y empresarios, como de las consecuencias que puede tener
cuando es descubierta y combatida, provocando incluso la caída de presidentes.
Pero cuando uno voltea a ver lo que sucede en
México, dan a ganas de ponerse a llorar. Aquí pasa exactamente todo lo
contrario. La corrupción se premia, incluso se aplaude y se promueve como una
vía para alcanzar el éxito político, económico y social.
De nueva cuenta, el caso Odebrecht es una
referencia obligada. A diferencia de lo sucedido en Brasil o en Perú, en México
no ha pasado nada, a pesar de la evidencia de la implicación directa en un
millonario soborno de Emilio Lozoya, quien en 2012 formaba parte del equipo de
campaña de Enrique Peña Nieto y luego fue nombrado director de Petróleos
Mexicanos, desde donde otorgó jugosos contratos a la firma brasileña.
En otro país, eso habría acabado con el
encarcelamiento de los involucrados y el derrumbe de un gobierno. Aquí, con
hacer mutis bastó para que el caso se congelara. Nadie investiga. Nadie se
mueve. Nadie rinde cuentas. Nadie paga por lo que hace.
Eso no es lo peor. En México el sistema
castiga a quien exhibe las irregularidades y las corruptelas. Si es periodista,
lo amedrenta, lo coopta o lo mata. Si es un funcionario, como es el caso de la
ex directora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación,
Muna Dora Buchahin –quien investigó y documentó los millonarios desvíos de
recursos en dependencias del Gobierno Federal que fueron periodísticamente
conocidos como la “Estafa Maestra”-, lo expulsa, lo humilla, lo amenaza y
quizás, hasta proceda judicialmente en su contra.
La impunidad se mantiene como el factor común
por medio del cual el sistema se protege y se blinda, sin importar qué partido
gobierne en cualquiera de sus tres niveles.
Por eso, ni soñar con que en México suceda
algo similar a lo que pasó en España. No con esta clase política inmunda.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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