“CELEBRAR” LA SIMULACIÓN
Fotografía: Cuartoscuro |
La semana pasada, el gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares declaró que todos los asesinatos de periodistas cometidos durante
lo que va de su administración han sido “esclarecidos”.
“Los casos que hemos tenido en Veracruz
durante este gobierno, de algún compañero que ha sido asesinado, se han
esclarecido, como el caso de Monlui. Otros casos ya quedó muy claro que no eran
compañeros de los medios y que no debían ni siquiera mencionarse como tales,
porque afectan la imagen de los medios de comunicación”, dijo Yunes Linares.
Y es que para el mandatario, el único de los
muertos que merecía la “categoría” de periodista era Ricardo Monlui, asesinado
en Yanga en 2017. A los demás, se les criminalizó a priori, vinculándolos con
el crimen organizado sin que mediara investigación alguna. Igual que hacía el
gobierno de Javier Duarte.
En el caso de Leobardo Vázquez Atzin,
ejecutado el pasado mes de marzo en Gutiérrez Zamora, lo redujeron a la
condición de taquero -oficio que desempeñaba para ganar un poco más de dinero
ante la miseria que pagan en los medios de comunicación-, con todo y que hay
evidencia de que continuaba trabajando como reportero y acababa de publicar
información sobre un caso de invasión de terrenos en el que están involucradas
autoridades actuales y anteriores del Ayuntamiento de Tecolutla. Que se sepa,
nunca se investigó nada más allá. También, del mismo modo que en el gobierno de
Duarte se trataban estos casos.
Pero Yunes Linares se aventuró a asegurar que
no hay ataques hacia los medios de comunicación, y que en el estado de Veracruz
hay “plena libertad de expresión”. Afirmación que fue respaldada en coro por
sus amanuenses y textoservidores, que “celebraron”, ahora sí, el “día de la
–supuesta- libertad de expresión” el pasado 7 de junio.
Sin embargo, el panorama real de las
condiciones en las que se ejerce el periodismo en Veracruz es bastante menos
idílico de lo que el régimen está dispuesto a reconocer.
En su informe “Diagnóstico de la Libertad de
Expresión de los Periodistas en Veracruz”, presentado el mismo 7 de junio, la
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) refirió que en
2017 se contabilizaron 46 agresiones contra reporteros en los primeros cinco meses
de ese año, y 48 en el mismo periodo del presente.
“Las agresiones a periodistas son diversas y
van desde homicidio, robo, agresiones físicas, privación ilegal de la libertad,
acoso u hostigamiento, hasta daños materiales y amenazas. En estas últimas,
especialmente en años recientes, se han generado en nuevas modalidades, tanto
por vía telefónica o por redes sociales y mensajería, a través de las cuales se
propaga el miedo a los comunicadores en lo individual y en lo colectivo”,
explica el reporte.
Y la muestra de cuál es la “voluntad” del
actual gobierno para atender las agresiones contra periodistas la da, para no
variar, la Fiscalía General del Estado. La CEAPP dio a conocer que el titular
de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de
Denuncias que involucren Periodistas y/o Comunicadores, Jaime Cisneros Gómez, se
ha negado “a entregar copia de declaraciones y de expedientes a periodistas que
comparecen ante la misma a presentar denuncias y siendo omiso igualmente en el
acorde de las solicitudes por escrito. Esta práctica no sólo dificulta la
identificación, el rastreo y seguimiento de los expedientes, tanto para los
propios comunicadores como para la Comisión, sino que viola disposiciones
constitucionales, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley
General de Víctimas”.
Asimismo, la Fiscalía se resiste a entregar la
información que le requiere la CEAPP. “La información remitida por la Fiscalía
a esta Comisión, ha sido escasa o insuficiente, pues no aporta datos relevantes
sobre el estado real de las investigaciones y en la mayoría de los asuntos no
brinda ninguna información”, sostiene el organismo en su informe.
De los 12 homicidios de periodistas registrados
en Veracruz desde 2013 a la fecha, la CEAPP informa que sólo en uno de ellos se
ha obtenido una sentencia condenatoria. “En este periodo, el 92 por ciento de
los asesinatos de periodistas están impunes (…) La calidad de las
investigaciones dista mucho de garantizar el acceso a la justicia y prevalece
un modelo de simulación”, acusa.
El informe concluye señalando que “el
periodismo veracruzano necesita condiciones dignas, decorosas y de seguridad,
para realizar una labor de relevante interés social. Los periodistas merecen
justicia”.
Justicia que no existe en Veracruz. Pero
ahora nos dicen que ya hay mucho qué celebrar. La memoria suele ser tan corta
como grande la conveniencia.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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