MOISÉS: EL TRIUNFO DE LA IMPUNIDAD
Fotografía: Archivo |
Mientras el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa
Cifrián firmaban su “convenio” para establecer un sistema de “alerta temprana”
para “protección” de periodistas en riesgo en Veracruz, la realidad de lo que
ocurre en la entidad mostraba, una vez más, su cara sin maquillaje.
El Juez Tercero de Distrito concedió un amparo en favor
de Martín López Meneses, ex chofer de Omar Cruz, alcalde desaforado de Medellín
de Bravo, y quien llevaba diez meses preso en el penal Duport Ostión de la
ciudad de Coatzacoalcos acusado de participar en el secuestro y asesinato del
periodista comunitario Moisés Sánchez Cerezo.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del
Estado, Martín López Meneses recibió la instrucción del presidente municipal
panista para contratar a un sicario que privara de la vida a Sánchez Cerezo,
quien era un severo crítico del edil de Medellín.
Pero para el Juez de Distrito, el Ministerio Público local
no aportó las pruebas suficientes para sustentar su caso en contra de López
Meneses, quien este jueves 5 de noviembre recibió la protección de la justicia
federal y fue puesto en libertad por falta de elementos.
“Fue una injusticia, temo por mi vida. Le damos gracias a
Dios que estamos afuera, quiero recuperar mi vida con mi familia, porque fueron
diez largos meses que fueron un tormento. Yo nada más sé que soy inocente,
igual que mis otros compañeros”, afirmó López Meneses una vez recuperada su
libertad.
El abogado de Martín López Meneses, Sergio Vaca
Betancourt, quien también lleva la defensa del alcalde desaforado y actualmente
prófugo de la justicia Omar Cruz, ya había adelantado la decisión del juzgado.
Y ahora espera que suceda lo mismo en el caso del ex munícipe, lo que echaría
por tierra prácticamente todo el proceso iniciado por la Fiscalía. Ya en este
momento sólo queda en prisión un indiciado, el presunto autor material del
crimen Clemente Noé Rodríguez Martínez, y nada de extrañar sería que en algún momento
también sea liberado.
Y es precisamente ahí donde radica en buena medida la
tragedia que ha vivido el periodismo durante el sexenio de Javier Duarte de
Ochoa. Antes como Procuraduría y ahora como Fiscalía General del Estado, la
autoridad ministerial o ha sido incapaz de integrar y sustentar de forma
mínimamente aceptable sus acusaciones contra los agresores de reporteros, o de
plano se ha dedicado a fabricar chivos expiatorios para cerrar lo más rápido
posible los casos de homicidios contra comunicadores, más aún cuando claramente
han habido miembros de la clase política sospechosos de su autoría. Sea cual
fuere la razón, es deleznable. Es un acto de corrupción pavoroso.
A esto hay que sumar que desde el Gobierno Federal
tampoco ha existido una postura enérgica y contundente que condene la violencia
que cercena la libertad de expresión en Veracruz. Su posición ha sido, amén de
huidiza, condescendiente con el gobierno de Veracruz. Para no ir muy lejos, en
este mismo caso, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE), rechazó atraer la investigación del asesinato
de Moisés Sánchez Cerezo, pues decidió, unilateralmente, que éste no era
periodista, sino solamente un taxista que escribía cosas en Internet.
Ante esto, no hay mecanismo de protección, alerta
temprana o tardía que valga. Lo único que prevalece en Veracruz desde hace
varios años, y no se ve que vaya a cambiar, es la misma repugnante impunidad.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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