FINAMED: LA PESADILLA DEL GOBIERNO VERACRUZANO
Un
duro golpe asestó la justicia federal al Gobierno del Estado al conceder un
amparo a la empresa Finamed, proveedora de equipo médico, en contra de la
expropiación de sus bienes decretada por la administración de Javier Duarte,
por presuntos incumplimientos en la prestación de sus servicios.
De
acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, el Juez Segundo de Distrito residente en Xalapa, otorgó el amparo a
Finamed “al determinar que el Director del Patrimonio del Estado de Veracruz y
la Secretaría de Finanzas y Planeación violaron la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos por dejar inconcluso el proceso legal a través del
cual se pretende expropiar el equipo médico de la empresa, que fue instalado en
11 hospitales como parte del contrato de servicios complementarios de salud firmado
en enero de 2009 con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz”.
Finamed solicitó la protección de la justicia
federal el 29 de julio de 2013, al considerar que “una vez iniciado el proceso
expropiatorio el gobierno le causaba un severo daño patrimonial. Con ello, la
compañía estaría impedida de forma indefinida a recuperar su equipo médico o,
en su caso, a recibir la indemnización correspondiente”.
Según
esto, en la sentencia se establece que el entonces director
de Patrimonio del Estado, Antonio Gómez Anell, se abstuvo de “analizar y
valorar las pruebas presentadas y los alegatos expresados por las partes”, y tampoco
elaboró a partir de ello un informe que debió haber remitido a la Secretaría de
Finanzas y Planeación, con lo cual, habría violado el artículo 17 de la
Constitución de República, que garantiza una justicia pronta y expedita. Un
error por demás estúpido para quienes se dedican a la administración pública.
El caso es que ahora Finamed reclama al Gobierno
del Estado el pago de “nada más” ¡702.5 millones de pesos!, alegando que llevan
más de 18 meses sin recibir retribución alguna por el uso del equipo instalado
en 11 hospitales, lo que de concretarse, representaría un boquete enorme para
las ya de por sí vapuleadas finanzas de la entidad.
Bien dicen que lo que mal empieza, mal acaba. El
tema de Finamed comenzó con una oscura asignación, durante el sexenio de
Fidel Herrera Beltrán, de un contrato a doce años por cinco mil millones
de pesos para la prestación de sus servicios, mismo que desde un principio fue
señalado de ser irregular, y de tener un tufo a negocio particular de alguien
con mucho poder.
Al
llegar a la Secretaría de Salud del Estado, una de las primeras acciones de su
actual titular, Juan Antonio Nemi Dib, fue exigir a Finamed el cumplimiento de
las cláusulas de su contrato, pues según la versión del gobierno el equipo
rentado por la empresa no funcionaba debidamente, y en algunos casos no se
había instalado siquiera en los nosocomios.
Al
no obtener respuesta satisfactoria, la Secretaría de Salud procedió a la
recisión del contrato y a la expropiación del equipo, bajo el argumento de que
devolvérselo a Finamed habría puesto en serio riesgo la salud de los pacientes
que recibían tratamientos como hemodiálisis en los hospitales de la entidad.
El
agua ha llegado al río y el conflicto está en fase crítica. ¿Tendrá que ver con
el deslinde del pasado 15 de noviembre en San Juan de Ulúa?
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario