VERACRUZ, ESTADO DE INDEFENSIÓN
Fotografía: Tribunal Superior de Justicia de Veracruz |
El caso de la detención de la jueza Angélica
Sánchez Hernández es tan escandaloso, que ha escalado hasta la misma
Presidencia de la República ante la ola de indignación que ha provocado en el
ámbito jurídico del país por lo que, a todas luces, es un brutal abuso de poder
del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Claro. Con el pequeño detalle de que el
presidente Andrés Manuel López Obrador salió por enésima ocasión en defensa de
las arbitrariedades que comente su “bendición” sin escrúpulo alguno y que, alineado
con su propia estrategia a nivel federal, tiene como objetivo desbaratar la
independencia judicial para someter a jueces, magistrados y ministros, como muy
claramente sucede en la entidad que García Jiménez malgobierna.
En dos ocasiones, la jueza Angélica Sánchez
ha sido detenida de manera irregular, por no decir que francamente ilegal. La
primera, tras acatar el amparo concedido a un presunto criminal –que obtuvo ese
beneficio de la justicia federal gracias al pésimo trabajo de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz en la integración de la carpeta de
investigación-, y durante la cual fue evidente que se trataba de una revancha,
pues no tenían ni siquiera un caso firme en su contra. Por ello, los policías
estatales le intentaron inventar delitos disparatados y hasta sembrar droga.
En la segunda, fue detenida bajo argumentos
absurdos, por delitos que ni siquiera ameritan prisión preventiva y por una
autoridad que no tenía vela en el entierro, como la Guardia Nacional, que en
lugar de perseguir criminales verdaderamente peligrosos –pretexto con el cual
fue creada y militarizada-, se ensaña con una mujer que ya es casi adulta
mayor.
El mensaje del “escarmiento” a la jueza Sánchez
Hernández está dirigido a todos los impartidores de justicia: cuidadito y se
creen eso de que “la ley es la ley” y que existe la independencia judicial. Y
en Veracruz, literalmente, así se los mandaron a decir.
Un día después de la detención de Angélica
Sánchez, al menos 124 jueces de control de los 21 distritos judiciales del estado
de Veracruz fueron citados a una reunión en una finca de Coatepec –propiedad de
José Alberto Pérez Fuentes, ex candidato del obradorista PES a la alcaldía de
Xalapa-, con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE),
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La misma que le reclamó a la jueza adscrita a
Cosamaloapan que no le hubiese consultado si podía acatar el amparo que provocó
este maremágnum.
Asistentes a la reunión aseguran que
recibieron un mensaje amenazante de parte del gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, quien de acuerdo con esto les habría dicho que lo que le pasó a
Angélica Sánchez les podría suceder a ellos también, y que en adelante primero
debían consultar con la presidenta del TSJE si podían acatar los amparos otorgados
por la justicia federal.
Lo que esto representa, sin ambages, es el
quebranto total del Estado de Derecho. Si un juez tiene que pedir permiso para
hacer su trabajo, no hay impartición de justicia que valga. Y si encima se
desacatan flagrantemente las decisiones del Poder Judicial federal, estamos
ante un escenario de franco, primitivo y bananero autoritarismo que afecta a
todos los ciudadanos, pues quedamos en estado de indefensión ante cualquier
abuso que le dé la gana cometer a las autoridades.
No habrá más ley que la suya. La que les brote
de los intestinos.
Solidaridad
con Claudia
Sin cortapisas ni mezquindades, mi
solidaridad con la compañera Claudia Guerrero, quien sufre directamente los
embates revanchistas de Cuitláhuac García y su fiscal Verónica Hernández
Giadáns.
Como se mencionó en este mismo espacio en la
entrega del lunes, si se deja pasar un ataque a un periodista desde el poder,
los siguientes seremos todos los demás. No hay que olvidar el sexenio de Javier
Duarte. Fuera los autoritarios.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario