LA CAPITULACIÓN DEL ESTADO
Imagen: redes sociales |
La semana que concluyó será recordada como
una de las más aciagas en la historia reciente de México.
La oleada de violencia que azotó a varios
estados del centro, occidente y norte del país no puede considerarse como un
hecho aislado, sino como un muy claro síntoma de la descomposición que aqueja a
México en materia de seguridad, así como del claro fracaso de la política de
tolerancia del gobierno de la República para con los grupos criminales,
resumida en una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador: “abrazos, no
balazos”.
Los delincuentes respondieron no solo con
balazos, sino con una refriega violenta que dejó al menos 260 personas
asesinadas entre el 9 y el 12 de agosto pasados, así como diferentes agresiones
a comercios y civiles que en varios espacios, privados y públicos, ya no se
duda en calificar como actos terroristas.
Este clima de zozobra se produce en medio de
la intentona del gobierno lopezobradorista por transferir por decreto el mando
de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, militarizando
por completo una corporación que se aseguró se mantendría dirigida por civiles.
Aunque valga decir que en los hechos, siempre estuvo militarizada.
Las fuertes críticas a la política
militarista de la seguridad pública –entre las muchas actividades y rubros que
por “gracia” de la “4t” ya controlan de por sí las fuerzas armadas- pasaron a
segundo término una vez que desde la noche del pasado lunes comenzaron los
hechos de violencia en Jalisco y se extendieron a Guanajuato, mientras
aumentaba la presión oficialista para hacer ver como algo aceptable la
militarización.
A la vez y por añadidura, creció el
“sospechosismo” sobre la verdadera razón y origen de los ataques, ya que no se
detuvo a ningún líder de las bandas criminales involucradas –contra los que
supuestamente se armaron operativos del ejército- y en cambio, la peor parte se
la llevaron establecimientos de una empresa a la que López Obrador ha criticado
constantemente. Además de que la mayoría de los estados y ciudades que
padecieron la violencia son gobernados por la oposición.
Es muy difícil probar que el propio Estado
mexicano sea quien esté detrás de estos hechos, amén de que sería
verdaderamente espantoso si así fuera. Sin embargo, su inacción, su indolencia
o por lo menos su falta de capacidad de respuesta ante las bandas que
aterrorizaron y asesinaron a población civil no es menos alarmante.
En realidad, la discusión sobre la
militarización de las tareas de la seguridad pública en el país está rebasada.
Con o sin decreto, con o sin reforma constitucional, esas labores están en
manos de las fuerzas armadas desde el inicio del sexenio, como extensión de una
estrategia que comenzó desde diciembre de 2006, al inicio de la administración
de Felipe Calderón, y que ninguno de los dos gobiernos que le siguieron ha
modificado en absoluto.
El problema de fondo es que la estrategia ha
fracasado. Y lo ha hecho de manera rotunda durante el obradorato, cuyo número
de víctimas por homicidio doloso supera las 130 mil. Al final, será éste el
sexenio más violento de la historia del país.
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