ENTRE LA LEY DE HERODES Y EL PULGAR DE NERÓN
Fotografía: Presidencia de la República |
“Todos creemos en el país, lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros”
Quino/Mafalda
En uno de sus arranques autoritarios más
radicales y peligrosos, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó explícitamente
con pasarse la división de poderes y las garantías individuales de todos los
mexicanos por salva sea la parte.
Este jueves, el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Luis María Aguilar que
declara inconstitucional la solicitud enviada por el titular del Ejecutivo
federal para someter a consulta pública si se lleva a juicio a los anteriores
presidentes de México aún vivos, a excepción del nonagenario Luis Echeverría
Álvarez.
En el contenido del proyecto de resolutivo
del ministro Aguilar se expone lo que resulta de absoluta obviedad para
cualquier estudiante de la licenciatura en Derecho: que no se puede someter a
una consulta popular la decisión sobre la aplicación de las leyes.
“La materia que se solicita consultar, de
acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos
humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su
protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese
mecanismo participativo, desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”, puntualiza
una parte del proyecto.
Agrega que “la consulta popular puede
vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al
escrutinio público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho
al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los
derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general”.
Y
sentencia: “la consulta popular no puede someter a la voluntad popular
decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos
humanos ni de sus garantías de protección, lo que en el caso se advierte por
las múltiples violaciones constitucionales que aun en forma individual son
suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta
popular pretendida”.
Para
decirlo coloquial y concretamente, la ley no se puede aplicar al contentillo de
una masa que, en un momento dado, podría incluso decidir no proceder en contra
de alguien que fuese culpable de un delito incluso existiendo pruebas de ello;
y de igual manera, podría condenar a cualquiera sin necesidad de presentar
evidencia alguna de lo que se le impute, solo porque la persona –la que sea- le
resultase antipática o porque esa masa hubiese sido manipulada para adherirse a
esa decisión que alguien más ya había tomado.
Desde
que se dio a conocer la semana pasada el sentido del proyecto del togado, el
aparato propagandístico del régimen –que al parecer es lo único que realmente
funciona en el gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación, aunque
para mal- se lanzó en contra de Luis María Aguilar para buscar desacreditarlo
personal y políticamente, y con el objetivo de ejercer presión sobre los demás
ministros que deberán votar el resolutivo este jueves.
Pero es tan obvia la decisión que debe tomar
la Corte, que López Obrador incrementó la presión con un amago que en realidad
representa una abierta amenaza al orden legal-constitucional del país: “de
inmediato estaría enviando una iniciativa de reforma del (artículo) 35 (de la
Constitución) para que no se cancele esa posibilidad (de la consulta popular)”.
Sabedor de que no cuenta con elementos
legales que le permitan realmente enjuiciar por la vía penal a los ex
mandatarios que lo antecedieron (salvo a Enrique Peña Nieto, pues podría haber
varios delitos imputables a su persona que no hayan prescrito todavía y para lo
cual no hace falta preguntarle nada a nadie), López Obrador estira la cuerda
para mantener artificialmente el tema en el centro de la agenda de la opinión
pública, continuar manipulando a su masa de seguidores con su engañosa propaganda
“justiciera” y lo que resulta más grave: doblegar al Poder Judicial.
Falta muy poco para que López Obrador comience
a arrancar hojas de la Carta Magna como en la escena de una cinta filmada hace
unos años –por cierto, con recursos del Instituto Mexicano de Cinematografía,
al que ahora mismo se pretende vaciar de financiamiento- y protagonizada por uno
de sus hoy más rabiosos propagandistas, en la cual se retrata esa propensión de
los autócratas a hacer lo que les da la gana porque –como a los pendejos- el
poder los vuelve locos.
“La ley soy yo”, nos dice el presidente desde
su “coliseo” mental, donde la suerte del país se debate entre la ley de Herodes
y el pulgar de Nerón.
Email: aureliocontreras@gmail.com
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