LA CULPA DE LOS ALCALDES
Fotografía: Gobierno del Estado de Veracruz |
La
llamada “rebelión” de los presidentes municipales veracruzanos que reclaman
airadamente el pago de las participaciones y otros fondos federales que
ilegalmente el gobierno estatal les retuvo desde agosto y destinó dizque a
“educación” y “seguridad”, es tardía y politiquera.
Este
artilugio de la administración estatal de Veracruz para desviar recursos no es,
en absoluto, algo nuevo. Ha sido una medida recurrente de prácticamente toda la
segunda mitad del sexenio. Aproximadamente desde enero de 2014, el gobierno
duartista comenzó a disponer de los recursos de los municipios para fines
diferentes a los que estaban dispuestos en la ley.
Sólo
que hasta ahora, luego de la caída del poder de Javier Duarte de Ochoa y ante
el desmantelamiento y debilidad institucional del gobierno estatal, es que los
ediles se atrevieron a decir “esta boca es mía”.
Y
aplica tanto para los priistas como para los de todas las demás filiaciones
políticas. Salvo el caso del de Boca del Río -por obvias razones-, ningún otro
presidente municipal se atrevió nunca a exigirle a Javier Duarte que no
retuviera y que pagara en tiempo y forma el dinero que la Federación envía en
partidas etiquetadas a los ayuntamientos para realizar obra pública y sostener a
sus administraciones.
Prácticamente
la totalidad de los alcaldes veracruzanos guardaron un ominoso silencio e
incluso utilizaron las mismas prácticas –tomar dinero de un lado para saldar
los pendientes de otro- para salir del apuro.
Muchos
de los que ahora se rasgan las vestiduras, entre éstos los ediles del Partido
de la Revolución Democrática, no dijeron nada porque no tenían cara para
hacerlo, ya que le debían el cargo al propio régimen priista, que en el proceso
electoral de 2013 -y con la ayuda de varios que ahora se presentan como “redentores”
de la democracia en Veracruz- reventó la alianza PAN-PRD que se había acordado en
ese entonces y los trató como “leal oposición”, prebendas incluidas, hasta que
se acabó el “amor”. Pero sobre todo, el dinero.
Ni
qué decir de los priistas, que todavía hasta hace unas semanas firmaban
gustosos cartas de “apoyo” a Javier Duarte de Ochoa y hasta se seguían tomando
fotografías con él, muy sonrientes. Ahora, ya es muy fácil hacer leña del árbol
caído.
No
hay nada que justifique el proceder de la administración estatal. La
disposición de recursos federales etiquetados para fines distintos a los que se
establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de
Coordinación Fiscal es un delito, que ya fue hasta confesado y que deberá
tener, forzosamente, consecuencias legales.
Pero
la omisión de los ediles veracruzanos para reclamar abiertamente y en su
momento lo que les correspondía a sus municipios no es asunto menor. Por
conveniencia política, callaron ante una práctica ilegal y lesiva para la
población beneficiaria de esos recursos y la colocaron en situación de riesgo.
La
culpa de los alcaldes es tan grande como la de Javier Duarte y sus cómplices en
esta crisis. Sólo que ahora resulta muy conveniente hacerse las víctimas.
Email:
aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
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