LA "LEY BALA" Y LA NECEDAD

“Una necedad, aunque la repitan millones de bocas, 

no deja de ser una necedad”.

Anatole France, escritor francés

Es difícil imaginar qué es lo que pasa por la cabeza de los políticos cuando se creen tocados por la divinidad y que por el hecho de ocupar un cargo, pueden hacer lo que se les pegue la gana con la vida de las personas, incluido pisotear sus derechos fundamentales.

Lo peor es cuando a pesar de tener frente a sí los resultados funestos de otras experiencias similares, el político o funcionario de marras se empecina en seguir adelante con su idea, dando muestra cabal de que su necedad puede llegar a ser más grande que su miedo al ridículo.

Lo anterior es muy aplicable a lo que sucede en general en el estado de Veracruz desde hace unos diez años, aunque los últimos cuatro se caractericen por ser especialmente aciagos dadas las consecuencias de esa actitud de las autoridades, que tienen en la ruina social, económica y política a la entidad.

Una muestra de esa necedad de tintes épicos, y sobre todo de la tendencia autoritaria del presente régimen, que cada vez se deja sentir con mayor fuerza, está reflejada en la iniciativa de Ley de Tránsito y Seguridad Vial que fue presentada ante la LXIII Legislatura del Estado la semana pasada por el diputado local del PRI Adolfo Ramírez Arana.

Dicho proyecto de ley es una prueba de que o los políticos veracruzanos no tienen idea de lo que sucede más allá de las burbujas color de rosa en las que encapsulan sus vidas, o bien suponen que el poder es eterno.

Y es que la pretendida enmienda legal repite los mismos errores que en su momento se cometieron en estados como Puebla y Quintana Roo, con resultados desastrosos: la regulación de las manifestaciones en la vía pública y el uso de la fuerza para contenerlas. 

La iniciativa, que más parece haber sido redactada en la Secretaría de Seguridad Pública del estado que por el diputado Arana, contiene disposiciones que claramente violentan el derecho a la libre asociación y manifestación consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ilegítimamente pretende limitarlo a que las autoridades otorguen permiso para ejercerlo, y a la vez le concede a éstas la facultad de reprimirlo por la fuerza.

El artículo 16 de este intento de bodrio legal señala que entre las obligaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estarán “gestionar el retiro pacífico de personas que obstaculicen las vialidades; garantizar los derechos de terceros cuando se dé una marcha o plantón, para cuya celebración deberá contar con la autorización de las autoridades; intervenir a personas en flagrancia que bajo cualquier circunstancia ocasionen daños o bloqueen las vialidades, de manera injustificada o sin permiso de la Secretaría”.

El artículo 17 es más claro aún sobre la intención represiva, al establecer que “cuando personas en la libre manifestación de sus ideas y/o demandas afecten a terceros, prohíban el acceso, paso o circulación en alguna vialidad, sin contar con el permiso escrito para ello y además, causen daños, alteren el orden, no permitan el libre paso de vehículos, peatones y servicios de emergencia, mediante marchas, plantones, bloqueos u otras conductas análogas, la Secretaría deberá conminarlos a retirarse pacíficamente en una primera instancia, si se negaren, deberá hacerse uso de la fuerza pública, atendiendo a lo que señala el artículo 37 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado, con la intención de liberar la vialidad afectada, restaurar el orden y mantener la seguridad”.

El capítulo V del proyecto de ley, denominado “De las manifestaciones públicas en la vialidad”, pone énfasis en el control que pretende ejercer el gobierno estatal sobre las muestras de descontento social. El artículo 61 dispone que “tienen el derecho de utilizar las vialidades, quienes habitan o transitan en el Estado de Veracruz, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos, a menos que exista causa que lo justifique. Una vez acreditada dicha causa la Secretaría emitirá una autorización por escrito”.

A su vez, el artículo 63 dispone que “para el otorgamiento de la autorización y las facilidades mencionadas en los artículos precedentes, es necesario que se dé aviso por escrito a la Secretaría por lo menos con cinco días de anticipación a la realización del evento de que se trate, estipulando las razones que justifiquen la afectación del tránsito y la seguridad vial”.

Como era de esperarse, una ola de textoservidores del gobierno fue lanzada a defender la iniciativa de marras, con argumentos pueriles como el de que los más molestos con esta pretensión son los liderzuelos que cada semana bloquean las vialidades de la capital de Veracruz para exigir prebendas, apelando al comprensible hartazgo de la población, que es la que padece cotidianamente el infierno vehicular que causan.

Pero eso es una falsedad. Profesionales de la manifestación como César del Ángel y sus 400 Pueblos, Antonio Luna y sus “cardenistas”, y Samuel Aguirre y Antorcha Campesina no tienen ningún temor, por una sencilla razón: todos son “aliados” del gobierno de Javier Duarte, lo apoyaron en su campaña. Y como sus “reclamos” no son verdaderas reivindicaciones sociales urgentes, no tendrán empacho en solicitar los permisos que les pidan, pues saben que se los van a conceder.

En cambio, de aprobarse esta ley, olvídese de que cualquier manifestación contra los abusos e incumplimientos del Gobierno de Veracruz pueda llevarse a cabo. Se repetirían, una y otra vez, escenas de violencia policiaca contra la población, como las de la madrugada del 14 de septiembre de 2013 en la plaza Lerdo de Xalapa, en la que por órdenes del Ejecutivo se desalojó por la fuerza un plantón de maestros y estudiantes. Sólo que ahora ya sería “legal”.

Causó tanta polémica y críticas la “Ley Bala” veracruzana, que en un boletín emitido la tarde de este lunes 29 de septiembre, en declaraciones atribuidas al propio gobernador Javier Duarte, éste se desmarcó de la iniciativa de Adolfo Ramírez Arana –aunque él fue sólo el conducto para llevarla al Congreso– pues “el Poder Ejecutivo no tiene la intención de presentar alguna iniciativa para regular marchas y manifestaciones” y se pronunció “en contra de cualquier intento por limitar las garantías constitucionales”, ya que “Veracruz es un estado que fortalece su desarrollo democrático, precisamente en la pluralidad y en la diversidad de opiniones”.

Ya veremos qué tanto modifican el entuerto legal que mandaron al Congreso. Por lo pronto, le “midieron el agua a los camotes”. Y se quemaron. 

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