JUNTA DE GOBIERNO UV: DESFONDADA Y EN DESCOMPOSICIÓN

Una nueva página vergonzosa de la historia reciente de la Universidad Veracruzana fue escrita por la pandilla que la tiene secuestrada.

Casi un mes después de presentada, se confirmó la renuncia de José de Jesús Franco López a la Junta de Gobierno, ocurrida el pasado 5 de septiembre. Durante casi un mes, el órgano que jura e intenta convencer de que sus actos, como la prórroga ilegal concedida a Martín Aguilar, son apegados a la legalidad, no consideró “necesario” informar a la comunidad universitaria que uno de sus integrantes, el tercero al hilo, había decidido abandonarlo.

Este no es un hecho aislado. Es el síntoma más reciente de una espiral de desprestigio institucional provocada por la captura política de sus órganos autónomos y la simulación como método de dirección.

Franco López fue uno de los siete integrantes de la Junta de Gobierno que, en junio pasado, avalaron la “prórroga” como rector de la UV de Martín Aguilar Sánchez. Así que su salida se da no por dignidad ni decoro, pues fue cómplice del daño infringido a la UV.

Esta renuncia se suma a las de María Angélica Buendía y Haydee Zizumbo, quienes abandonaron el “barco” antes de que se hundiera totalmente en un pantano de descrédito al aprobar la extensión arbitraria del periodo rectoral, y antes a las de Alfredo Sánchez Castañeda, Hugo Casanova y Erika Maldonado. La Junta de Gobierno ha perdido más de la mitad de sus integrantes en un muy corto periodo de tiempo, por razones que nadie explica, como si no se tratase de una institución pública, en medio de un silencio que raya en lo cómplice, por decirlo amablemente.

El organismo que tiene en sus manos una de las más altas responsabilidades en la Universidad Veracruzana, ni más ni menos que la designación de su principal autoridad, no se ha tomado la molestia de emitir un solo comunicado sobre lo que prácticamente parece una pavorosa huida de sus integrantes –dos, a medio proceso de designación-, y solo ha actualizado su lista oficial de miembros cuando es un hecho consumado su sustitución, restándole por completo legitimidad a la toma de decisiones en nombre de la legalidad universitaria y reafirmando la idea de que dichas decisiones se toman sin sustento normativo y solo obedecen a intereses personales o políticos.

La Universidad Veracruzana está siendo conducida por un grupo que ha hecho de la simulación su principal herramienta de poder. Martín Aguilar, lejos de encabezar un proyecto académico, ha convertido la rectoría en un espacio de “blindaje” a su proyecto personal, sostenido por una Junta de Gobierno desfondada, desacreditada y ahora, en proceso de cuasi desintegración.

La renuncia de Franco López, mantenida en secreto durante 25 días, no solo confirma la descomposición del órgano colegiado. Revela el desprecio absoluto por la comunidad universitaria, por la transparencia y la rendición de cuentas. Y lo hace en un momento en que la Red UV por la Legalidad ha convocado a una toma simbólica de la Rectoría, exigiendo la destitución del rector, la renovación de una Junta de Gobierno que ya es insostenible y la emisión de una convocatoria legítima para elegir nuevas autoridades.

La UV no merece que sus estudiantes, profesorado y trabajadores sean tratados como espectadores de una farsa institucional. Merece recuperar su dignidad. Y eso solo será posible si se rompe el pacto de silencio, se exige rendición de cuentas y se desmonta el aparato de simulación que hoy la tiene raptada por un grupo de mafiosos, indignos de ser llamados académicos.

 

¿A quién le creemos?

 

Una madre se presentó en un acto público de la gobernadora Rocío Nahle y por segunda ocasión, y desde el piso sobre el que se desplomó, le pidió justicia para su hija, violada dentro de un plantel educativo en Minatitlán en 2022, y a cuyos docentes responsables se les protegió para no ser llamados a cuentas. Pero para la gobernadora, la madre agraviada denunció a personas que “no tienen nada que ver”.

¿A quién le creemos?

 

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