ULTRAJES, SEDICIÓN Y OTRAS ESTUPIDECES PARA REPRIMIR EN VERACRUZ
Cada día que pasa, Cuitláhuac García Jiménez
se parece más a Javier Duarte de Ochoa.
Tras detener mediante una celada –a la que se
prestó un líder sindical “charro” al que sus agremiados deberían considerar
seriamente desconocer, pues está al servicio de sus estultos patrones- a dos
mujeres que participaron en la toma de las instalaciones centrales de los Servicios
de Salud de Veracruz (Sesver), el régimen “cuatrotero” se les echó encima con
la clara intención de mandar un mensaje de escarmiento a toda la burocracia
estatal
La Fiscalía General del Estado imputó a Norma
Midia “N” y Yelitza Lindali “N” como presuntas responsables del delito de “sedición
en agravio de la seguridad del estado”, por haber tomado de manera pacífica las
instalaciones de Sesver en protesta por abusos y violaciones de tipo laboral,
ampliamente referidas.
El Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz establece en su artículo 309 que por el delito de sedición
“se impondrán de seis meses a seis años de prisión, multa hasta de ochenta días
de salario y suspensión hasta por dos años en sus derechos políticos a quienes
en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para:
I.
Impedir el libre ejercicio de sus
funciones;
II.
Evitar el cumplimiento de la ley;
III.
Abolir o reformar la Constitución
Política del Estado o las instituciones que de ella emanen, o impedir la
integración de éstas o su libre ejercicio;
IV.
Separar o impedir el desempeño de su
cargo a algún servidor público, estatal o municipal.
La Fiscalía al servicio de un titular del
Ejecutivo limitado y autoritario pretende aplicar a las mujeres aprehendidas estos
supuestos con base en lo que farfulló García Jiménez en su conferencia de
prensa de este miércoles: la toma de las instalaciones supuestamente
“interrumpió” un “embarque de vacunas”. Lo cual es falso, pues no se obstaculizó
ninguna actividad sustantiva y mucho menos médica de la dependencia durante las
protestas.
Pero suponiendo que así hubiese sucedido, Norma
Midia y Yelitza no fueron las únicas personas que participaron en las
protestas. Por alguna razón, Cuitláhuac García y su fiscal Verónica Hernández
Giadáns decidieron ensañarse solo con dos mujeres –lo que dice mucho de ambos-,
violando además sus derechos constitucionales.
El artículo 9º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos señala claramente que “no se podrá coartar el
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito... No
se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga
por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una
autoridad”.
Lo que en realidad persigue el gobierno de
García Jiménez es el disenso, el derecho a protestar por los abusos de
autoridad y la exhibición de las miserias de un gobierno sin pies ni cabeza y
altamente corrupto y autoritario.
Ya lo había intentado antes con la aberración
jurídica que supuso el delito de ultrajes a la autoridad, con el que metió a la
cárcel a más de mil veracruzanos en menos de un año, muchos de ellos
precisamente por protestar.
Por lo visto la “sedición” será la nueva arma
con la que Cuitláhuac García buscará contener la protesta social. Y en especial
la de los burócratas, que su única manera de hacerse escuchar cuando son
violentados es ejerciendo presión en sus propios centros de trabajo.
Si en años pasados gobiernos anteriores
hubiesen aplicado este mismo criterio, miles de maestros habrían ido a parar a
la cárcel por bloquear vías de comunicación y edificios públicos cuando las
manifestaciones contra la “reforma educativa” del gobierno de Enrique Peña
Nieto, otro de los mitos fundacionales de la dizque “cuarta transformación”.
Entre ellos, el propio Cuitláhuac García, en ese entonces consumado
“protestante” de la causa que fuere.
Cada día que pasa, Cuitláhuac García Jiménez
se parece más a Javier Duarte de Ochoa.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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