UN FRENO A LOS TRAMPOSOS
Fotografía: archivo |
Tras la andanada autoritaria de la semana
pasada, en la que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”
terminó de demostrar que está completamente dispuesto a violar la ley a placer
con tal de concentrar y mantenerse en el poder, este martes México recibió un
aliento quizás de donde menos se esperaba.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, cuya actuación de los últimos meses había rebasado los límites
de la abyección y genuflexión ante los caprichos del titular del Ejecutivo –cuyo
discurso y actos se perciben cada vez más fuera de la realidad-, dictó tres
sentencias que tendrán un fuerte impacto en el proceso electoral que está en marcha.
En las dos primeras, ratificó la decisión del
Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar a Félix Salgado Macedonio y Raúl
Morón sus candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán,
respectivamente, pues simple y llanamente incumplieron con las disposiciones de
ley respecto de la fiscalización de los recursos del periodo de precampaña y la
sanción prevista es exactamente ésa: la pérdida de la postulación.
Lo increíble es que lo que en cualquier país
civilizado y medianamente democrático habría sido un asunto de mero trámite y
obvia resolución ante la claridad del precepto legal que sanciona la conducta
irregular, en México significó un verdadero tormento para el Estado de Derecho
por causa de un régimen que desprecia profundamente la legalidad, como quedó de
manifiesto en las palabras del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara
de Diputados Ignacio Mier, quien durante la votación de la llamada “Ley
Zaldívar” justificó violar la Constitución al afirmar que “el conservadurismo
opta por el derecho”.
Por ello resulta de enorme trascendencia la
tercera de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) a las que nos referimos al principio de este texto, y que
tiene que ver con la sobrerrepresentación de legisladores por el principio de
representación proporcional en la Cámara de Diputados.
Durante la misma sesión, el TEPJF también
ratificó –contrario a casi todas sus anteriores sentencias recientes- los
criterios del INE sobre este tema, y que establecen que ningún partido podrá
contar con un número de diputados y diputadas, plurinominales y de mayoría,
mayor al 8 por ciento de la votación nacional que hayan recibido en los
comicios por celebrarse el próximo domingo 6 de junio.
La sobrerrepresentación legislativa fue
durante varios años –cuando la competencia política comenzaba a ser real en
México- la fórmula mediante la cual el Partido Revolucionario Institucional se
hizo de mayorías legislativas artificiales, que no reflejaban verdaderamente lo
expresado en las urnas por la ciudadanía, lo que a su vez le permitía mantener
el control del Poder Legislativo y gobernar sin contrapesos reales.
Y como herederos directos y asumidos de esa
“tradición” tramposa y antidemocrática, en Morena buscaban asegurarse la
mayoría en la próxima Legislatura de la misma manera que lo hacía el PRI:
“pepenando” diputados de los partidos con los que se coaliga o que fungen como
sus satélites/parásitos. De hecho, así fue como lo hizo en 2018.
Estas decisiones de los organismos que deben
garantizar la pluralidad y la competencia electoral en condiciones de equidad
le dan un pequeño respiro a la maltrecha y debilitada institucionalidad
democrática del país, que el régimen que se asume como “protagonista del cambio
verdadero” ha buscado denodadamente destruir desde que tomó el poder,
irónicamente, por una vía legítimamente democrática.
Por eso es vital defenderla de los embates de
quienes creen que están por encima de la ley y que al menos este día, perdieron
el “round” y terminaron en la lona por tramposos. Y es que saben que así como
llegaron, por esa misma vía se pueden ir.
Twitter: @yeyocontreras
Comentarios
Publicar un comentario