A LA CHINGADA LAS INSTITUCIONES
Fotografía: Twitter de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información |
El 10 de abril de 2018 deberá ser recordado
como el día que las instituciones en México decidieron retroceder unos 30 años
en la historia de este país. Y como una fecha de derrota para las luchas
ciudadanas.
Por principio de cuentas, el fallo (en el más
estricto sentido de la palabra) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que coloca en la boleta como candidato presidencial al gobernador
con licencia de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias “El
Bronco”, representa una puñalada trapera al proceso electoral en curso, pues
avala “jurídicamente” el fraude como método para hacer política y participar en
los comicios que se organizan en México.
En una decisión inaudita, los magistrados electorales
Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas, Indalfer Infante González y Mónica
Aralí Soto, consideraron que el Instituto Nacional Electoral “violó” la
garantía de audiencia de “El Bronco” al negarle el registro como candidato
“independiente”, y que por ése solo hecho, merecía estar en la boleta el
próximo 1 de julio.
Ello, a pesar de que 58 por ciento de las firmas
que presentó este personaje –un millón 198 mil 892- fueran invalidadas por
irregularidades diversas, entre las cuales, que por lo menos casi 159 mil
fueron detectadas como completamente falsas. Además de que se notificaron anomalías
en la fiscalización de más de 17 millones de pesos durante el periodo de
recolección de las rúbricas, que fueron recabadas -por si todavía algo faltase-
utilizando todos los recursos humanos, materiales y económicos del gobierno de
Nuevo León. Es decir, desviando recursos públicos.
Para los magistrados del Tribunal Electoral
federal este tramposo, a quien se le puede calificar sin asomo de duda como un
verdadero delincuente electoral, tiene los merecimientos suficientes para buscar
la Presidencia de México, lo cual sería correcto si sus parámetros se encuadran
en el perfil de los últimos nueve mandatarios que ha tenido este país.
Pero en términos de legalidad y de confianza
en las instituciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
dinamitó un proceso electoral que ya entró en sus últimas fases, pues además de
avalar la figura del fraude con una decisión política y no jurídica –pues los
magistrados nunca entraron al fondo del asunto, que es que más de la mitad de
las firmas de “El Bronco” no son válidas-, debilitó al árbitro de la contienda
y sentó un pésimo precedente para una elección que será lo suficientemente
cerrada como para ir a una segura impugnación, la cual le tocará resolver,
junto con la calificación final del resultado, a estos mismos magistrados. Un
escenario de terror.
Y como si el panorama no pudiera ser más desalentador,
en el mismo día, en la Cámara de Diputados fue aprobada la nueva Ley de
Comunicación Social que, desde ahora, ya fue motejada como la “Ley Chayote”,
pues no cumple con los mínimos indispensables para evitar el derroche en el
gasto oficial en medios de comunicación y perpetúa las peores prácticas en la
relación gobierno-prensa, así como la arbitrariedad, la opacidad y el uso
propagandístico de la publicidad oficial. Es, en términos coloquiales, la
instauración a plenitud del “no pago para que me peguen”.
La clase política y la partidocracia le
propinaron una bofetada en la cara a la ciudadanía de nuestro país, y con
absoluto cinismo y desparpajo mandaron de un jalón y sin escalas no al diablo,
sino a la chingada, a las instituciones que tanto ha costado construir a todos
los mexicanos.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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