CENSURA Y FASCISMO EN TELECOMUNICACIONES

La iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones ha suscitado una gran polémica debido a varios aspectos controversiales, pero en especial, por aquellos que tienen que ver con las regulaciones al servicio y acceso a la Internet, la libertad de expresión y con la protección de datos personales, que tienen un severo tufo autoritario, propio de la tradición más anacrónica del priismo.

Por ejemplo, en su artículo 197, la citada iniciativa contempla “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”, texto que ha prendido la alerta de los defensores de la libertad de expresión en la Red por la discrecionalidad con que los gobiernos restringirían el acceso a la Internet y a la comunicación en general de todos los ciudadanos.

De hecho, no es una práctica nueva. En Veracruz se usa desde hace algún tiempo. Cuando en la sede del Poder Ejecutivo hay algún acto en el que participe el gobernador Javier Duarte, o bien cuando llegan manifestaciones al primer cuadro de la capital del estado, desde el “palomar” de palacio de gobierno se activa un dispositivo que bloquea la señal de todos los aparatos móviles que se encuentren en un perímetro bastante considerable.

De aprobarse este apartado en la nueva ley, se facultaría a los diferentes niveles de gobierno a bloquear cualquier tipo de señal de comunicación en el momento que lo deseen, sin mayor justificación que la “seguridad”, la cual, como somos testigos cotidianamente en Veracruz, de por sí no es garantizada a la población en situaciones críticas.

Otro artículo controvertido y que es un claro camino para ejercer la censura es el 145, que señala que los concesionarios “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.

Muy conocida es la molestia que causa en la clase política la libertad de expresión en Internet, y particularmente en las redes sociales, donde este derecho se ejerce a plenitud y a veces con notables excesos que, no obstante, siempre son preferibles a que se aplique la censura y se acallen las voces críticas, como se acostumbró a hacer durante la “edad de oro” del PRI más autoritario y represor, el cual quiere volver por sus fueros en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los artículos 190 y 192 son perlas dignas de la extinta y temible Dirección Federal de Seguridad. Hasta parecen dictados por Fernando Gutiérrez Barrios o por Miguel Nazar Haro.

En el primero, se estipula que “los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están obligados a permitir que las autoridades facultadas por la ley ejerzan control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas soliciten de conformidad con las leyes correspondientes”.

El segundo es aún peor, pues los concesionarios “están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad,        que permitan identificar con precisión la siguiente información: nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; tipo de comunicación y servicio; origen y destino de las comunicaciones; fecha, hora y duración de las comunicaciones; fecha, hora y ubicación geográfica de la primera activación de su servicio; identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor; y la ubicación geográfica del dispositivo”.

De por sí, hay cientos “pájaros en el alambre” gubernamentales interceptando y grabando ilegalmente conversaciones privadas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, tuits, mensajes de BlackBerry y Whatsapp y hasta paquetería por correo. La aprobación en sus términos de este artículo sería el acta de defunción de la privacidad de los datos y comunicaciones personales.

Estos son sólo unos cuantos aspectos de una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones regresiva, abiertamente censora y que por momentos raya en el fascismo, misma que los legisladores del PRI y buena parte de los del PAN pretenden aprobar fast track. Es una paletada de tierra sobre la libertad de expresión.

Díaz Ordaz y Echeverría se sentirían orgullosos.

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