LAS PUERTAS DEL INFIERNO
Por más que intenten matizarla, la decisión
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional la
inspección a personas y vehículos por parte de las fuerzas policiacas sin que
medie una orden judicial o ministerial, abre la puerta para los peores abusos y
violaciones a los derechos humanos.
Uno de los argumentos de los ministros que
votaron en favor de la constitucionalidad de esta figura, prevista en el Código
Nacional de Procedimientos Penales del nuevo sistema de justicia penal, y que
fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que las
inspecciones policiacas representan “una medida proporcional, idónea y con un
fin constitucionalmente válido, de proteger la seguridad pública y los derechos
de las víctimas de delitos”.
Consideraron además que “la flagrancia de un
delito se puede revelar de dos maneras: cuando el ilícito es evidente a la
vista del policía, o cuando la inspección es la que lo revela”.
En un país en el que el respeto por el Estado
de Derecho sea la norma y no la excepción, quizás estos juicios pudieran
considerarse válidos, suficientes. No es el caso de México, donde los derechos
humanos valen menos que nada y la brutalidad policiaca está más que
documentada. En Veracruz, con particular ferocidad.
Tras las críticas que cayeron como tromba
sobre los ministros por parte de académicos y representantes de organismos
civiles de defensa de derechos humanos, la Corte “explicó” los alcances de las
revisiones policiacas sin orden ministerial, y que tendrían que limitarse al
momento en que se realiza una investigación criminal; luego de presentarse una
denuncia de hechos formal ante el Ministerio Público o informal ante los
propios agentes de seguridad; ante un delito flagrante; o cuando los policías
tengan la “sospecha razonable” de que la persona a inspeccionar coincide con
las características denunciadas o que en el momento cometa un delito no
apreciable a simple vista, como la portación de armas o la posesión de drogas.
Con todo y la precisión de la Corte, es evidente
el alto nivel de discrecionalidad que se le otorga a las fuerzas policiacas
para intervenir a los ciudadanos. Las “sospechas razonables” suelen terminar en
“lamentables confusiones” y, sobre todo, en abusos abominables.
Porque bajo esta lógica, los policías que
durante el sexenio de Javier Duarte detuvieron, torturaron y desaparecieron
personas en Veracruz se encontraban en medio de “investigaciones criminales”,
además de que seguían órdenes superiores. Dejar este tipo de acciones
coercitivas a criterio de los integrantes de corporaciones que constantemente
son denunciadas por cometer abusos y estar infiltradas por el crimen organizado
es, por lo menos, temerario. Pero más que nada, de una irresponsabilidad vil.
Para muestra, el caso de las hermanas adolescentes
que fueron acribilladas por policías estatales en la ciudad de Río Blanco el
pasado 10 de marzo. Los uniformados alegan que fueron “atacados” por las
jóvenes Nefertiti y Grecia Camacho, de 16 y 14 años de edad, respectivamente,
cuyos cadáveres ensangrentados, tendidos en calle, fueron exhibidos con armas a
un lado para “probar” su “culpabilidad”.
Sin embargo, circulan imágenes en las que al
menos una de ellas aparecería todavía con vida, sometida por los policías, lo
que ha hecho crecer la sospecha de que se trató de una ejecución extrajudicial
por parte de los elementos de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz, lo
cual es negado por la Fiscalía General del Estado, que defiende la hipótesis de
que con dos pistolas, unas casi niñas se enfrentaron a un escuadrón provisto
con armas de alto poder.
La Corte está abriendo, de par en par, las
puertas del infierno.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
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